El indulto de Trump a Hernández: implicaciones para el estado de derecho y la gobernanza regional
La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de anunciar un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández plantea interrogantes fundamentales sobre la coherencia de las políticas antinarcóticos y el respeto al estado de derecho en las relaciones hemisféricas.
Los hechos: condena firme por narcotráfico
Hernández, quien ejerció la presidencia de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por un tribunal estadounidense. La sentencia se basó en tres delitos vinculados al narcotráfico y uso de armas, incluyendo la recepción de sobornos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán para financiar campañas electorales fraudulentas.
Durante el proceso judicial se estableció que Hernández facilitó el ingreso de más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, comprometiendo gravemente la seguridad nacional estadounidense y la integridad institucional hondureña.
Cálculo político versus institucionalidad
El anuncio de Trump a través de Truth Social revela una lógica transaccional que subordina la justicia a consideraciones electorales inmediatas. Al condicionar el apoyo estadounidense a Honduras según el resultado de las elecciones del 30 de noviembre, Trump establece un precedente preocupante de instrumentalización de la cooperación bilateral.
La promesa de "gran apoyo" si triunfa Nasry 'Tito' Asfura, candidato del mismo Partido Nacional de Hernández, contrasta con la advertencia de no "malgastar dinero" si gana otro candidato. Esta aproximación contradice los principios de gobernanza democrática y cooperación internacional basada en instituciones.
Riesgos para la arquitectura antinarcóticos
Desde una perspectiva de política pública, el indulto genera incentivos perversos en la lucha contra el narcotráfico. Si funcionarios condenados por facilitar el tráfico de drogas pueden esperar clemencia presidencial por consideraciones políticas, se debilita sustancialmente el efecto disuasorio del sistema judicial.
La referencia de Trump a supuestas amenazas de Nicolás Maduro y "grupos narcoterroristas" en la región, aunque legítima como preocupación geopolítica, no justifica la rehabilitación de actores previamente identificados como parte del problema.
Contexto electoral hondureño
Las elecciones hondureñas del 30 de noviembre enfrentan a más de seis millones de electores con opciones que incluyen a Rixi Moncada del oficialista Libertad y Refundación (Libre) y Salvador Nasralla del Partido Liberal, además del mencionado Asfura.
El proceso electoral ha estado marcado por acusaciones cruzadas de fraude y tensiones institucionales, incluyendo investigaciones del Ministerio Público contra funcionarios electorales y denuncias de injerencia militar.
Reflexiones sobre gobernanza efectiva
Una política exterior consistente requiere coherencia entre objetivos declarados y acciones concretas. El combate al narcotráfico y la promoción de instituciones democráticas sólidas no pueden subordinarse a cálculos electorales de corto plazo.
La modernización institucional de Centroamérica demanda predictibilidad en las relaciones con Estados Unidos, no condicionamientos que generen incertidumbre y debiliten los incentivos para el buen gobierno.
El caso Hernández ilustra la tensión entre pragmatismo político y principios institucionales. Una aproximación verdaderamente liberal debe privilegiar el fortalecimiento del estado de derecho sobre consideraciones partidarias, reconociendo que la gobernanza efectiva constituye la base del desarrollo económico y la estabilidad regional.