La crisis de salud mental en Perú: un déficit estructural que requiere política de Estado
El sistema de salud mental peruano enfrenta una crisis profunda que trasciende la mera construcción de infraestructura. Según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 2024-2028, el país requiere 689 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) para atender adecuadamente a la población, pero actualmente solo cuenta con 305, evidenciando un déficit de 384 centros.
El cálculo del déficit: más allá de los números
La metodología es clara: un CSMC por cada 50,000 habitantes. Con base en las estimaciones poblacionales del INEI para 2023, esta ratio revela la magnitud del problema. Lima Metropolitana y Lima Regiones concentran el mayor déficit con 141 centros faltantes, seguidas por Piura y La Libertad (26 cada una), y Callao, Cajamarca y Lambayeque (18 cada uno).
Miguel Vallejos, exdecano del Colegio de Psicólogos del Perú, advierte que este déficit podría generar un colapso en la atención, impactando directamente en la calidad del servicio para millones de peruanos que enfrentan trastornos como depresión, ansiedad y adicciones.
Infraestructura precaria: el síntoma de una gestión deficiente
La Contraloría General reveló en 2025 condiciones alarmantes en los CSMC del Callao. Cuatro de seis centros operan sin locales propios, con deficiencias críticas en servicios básicos. El caso del CSMC Carmen de la Legua Reynoso es paradigmático: funcionó en un local con convenio vencido, sufriendo cortes eléctricos y acumulando deudas que afectaron el suministro de agua.
Esta realidad refleja una gestión administrativa deficiente que compromete la calidad del servicio público. Como señala el Plan Nacional, muchos CSMC son cedidos por municipalidades o alquilados, sin cumplir las normas de infraestructura vigentes, al haber sido diseñados para otros propósitos.
El problema estructural: más que recursos, gestión eficiente
Hernando Ceballos, exministro de Salud, identifica el problema como estructural, requiriendo una política de Estado integral. Su diagnóstico es certero: "El tema no es solo esperar que llegue el paciente. Hay que educar, prevenir y acercarse a la comunidad".
La crisis presupuestaria es evidente: S/626.4 millones asignados en 2026, una reducción del 1.99% respecto a 2025. Sin embargo, el problema trasciende lo financiero. Las condiciones laborales precarias, la gestión deficiente de recursos humanos y la falta de incentivos profesionales revelan deficiencias sistémicas en la administración pública.
Desabastecimiento de psicofármacos: ineficiencia en la cadena de suministro
Menos del 50% de los CSMC disponen de psicofármacos esenciales, según el Ministerio de Salud. La Defensoría del Pueblo documentó en Maynas la carencia crítica de medicamentos para trastornos psicóticos, afectivos y de ansiedad, vulnerando el derecho a la salud de personas con discapacidad y pacientes que requieren medicación continua.
El CSMC Uka Yaki Tsawa, atendiendo cerca de mil usuarios con 30 consultas diarias, carece de medicamentos básicos. Esta situación evidencia fallos en la planificación, adquisición y distribución de insumos médicos, problemas típicos de una gestión pública ineficiente.
Hacia una solución integral: modernización y eficiencia
La propuesta de Ceballos de declarar emergencia la salud mental y aumentar progresivamente el presupuesto debe complementarse con reformas estructurales. Se requiere:
- Modernización de la gestión administrativa en salud mental
- Profesionalización de los recursos humanos especializados
- Implementación de sistemas eficientes de adquisición y distribución
- Fortalecimiento de la prevención comunitaria
- Articulación intersectorial efectiva
Como advierte Vallejos, sin correcciones estructurales, el escenario incluirá mayor incremento de suicidios, violencia intrafamiliar, adicciones y trastornos emocionales juveniles. El costo social y económico de la inacción supera ampliamente la inversión requerida para una solución integral.
La crisis de salud mental peruana demanda una respuesta que combine incremento presupuestario con reformas administrativas profundas, privilegiando la eficiencia, la transparencia y la orientación hacia resultados. Solo así se construirá un sistema de salud mental digno de una sociedad moderna y próspera.