Crisis estructural en salud mental: el déficit de 384 centros revela fallas sistémicas del Estado
El Perú enfrenta una crisis estructural en salud mental que trasciende la mera construcción de infraestructura. Con un déficit de 384 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) a nivel nacional, el país evidencia fallas sistémicas que requieren una reforma integral del sector, más allá de soluciones coyunturales.
El problema de la planificación estatal deficiente
Según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 2024-2028, el estándar técnico establece un CSMC por cada 50.000 habitantes. Sin embargo, frente a los 305 centros existentes, la brecha de 384 unidades adicionales revela una planificación estatal deficiente y una asignación presupuestal inadecuada.
El mayor déficit se concentra en Lima Metropolitana y regiones, donde faltan 141 centros, seguido por Piura y La Libertad con 26 cada una. Esta distribución desigual refleja la centralización característica del modelo de gestión pública peruano, que perpetúa inequidades territoriales.
Ineficiencias administrativas y contractuales
La precariedad operativa de los CSMC existentes ilustra las deficiencias del aparato estatal. Muchos centros operan en locales cedidos temporalmente por municipalidades o alquilados, sin cumplir estándares de infraestructura. Esta situación, documentada por la Contraloría en el Callao, donde cuatro de seis centros carecen de servicios básicos, evidencia la ausencia de planificación estratégica.
Como señala el exdecano del Colegio de Psicólogos Miguel Vallejos, "para una atención psicológica se requiere un ambiente privado, cálido y seguro", condiciones que el Estado no garantiza por falta de inversión en infraestructura propia.
Impacto económico y social de la inacción
La crisis de salud mental tiene consecuencias económicas directas. Entre 2021 y 2025, los casos de depresión se cuadruplicaron, pasando de 3.746 a 14.422. Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental estiman que uno de cada tres peruanos enfrentará un trastorno mental, generando costos sociales y económicos significativos.
El presupuesto asignado a salud mental en 2026 (S/626.4 millones) representa una reducción del 1.99% respecto a 2025, evidenciando la falta de priorización política del tema. Esta subinversión genera externalidades negativas: mayor incidencia de suicidios, violencia intrafamiliar, adicciones y deterioro del capital humano.
Necesidad de reformas estructurales
El exministro de Salud Hernando Ceballos identifica correctamente el carácter "estructural" del problema. La solución requiere una política de Estado que integre prevención, detección temprana y tratamiento, con participación intersectorial y enfoque comunitario.
Las deficiencias en recursos humanos, evidenciadas por contratos precarios y falta de incentivos para profesionales especializados, junto al desabastecimiento de psicofármacos en menos del 50% de centros, demuestran la necesidad de reformas administrativas profundas.
Hacia un modelo eficiente de gestión
La crisis actual demanda una reestructuración del modelo de gestión en salud mental, priorizando:
Inversión en infraestructura propia: Eliminar la dependencia de locales temporales mediante un plan de construcción de centros especializados.
Modernización administrativa: Implementar sistemas de gestión eficientes que garanticen suministro de medicamentos y condiciones laborales competitivas.
Descentralización efectiva: Desarrollar capacidades regionales para reducir inequidades territoriales y mejorar acceso a servicios especializados.
La declaratoria de emergencia en salud mental, propuesta por Ceballos, constituye una medida necesaria pero insuficiente sin reformas estructurales que modernicen la gestión pública y optimicen la asignación de recursos.
El desafío trasciende la construcción de centros: requiere un Estado más eficiente, con instituciones sólidas y políticas públicas basadas en evidencia, que prioricen el bienestar ciudadano y la productividad económica de largo plazo.