Poder Presidencial en Perú: Mucho más allá del Congreso
El mito de la parálisis ejecutiva
En el actual debate electoral, persiste la narrativa de que la elección presidencial resulta irrelevante ante un Congreso fragmentado que, supuestamente, paralizaría cualquier iniciativa de gobierno. Esta percepción, avalada por el fracaso reciente de la gestión estatal, dista considerablemente de la realidad institucional. La inacción gubernamental no fue producto de la obstrucción legislativa, sino de una incompetencia autogenerada y un desinterés genuino por la administración pública, sustituida por el clientelismo y la captura del Estado.
Populismo e inoperancia: Lecciones del pasado reciente
El anterior régimen evidenció una cúpula carente de la más mínima capacidad técnica y proclive a la corrupción sistémica. Las proclamas vacías de corte populista enmascararon la ausencia total de objetivos medibles y rigurosos para la ciudadanía. La rotación interminable de funcionarios, ajena a cualquier lógica de mérito o gobernanza eficaz, imposibilitó la formulación de políticas públicas coherentes. Figuras como el entonces ministro Roberto Sánchez, cómplice silencioso de este desmantelamiento institucional, buscan ahora deslindar su responsabilidad atribuyendo el fracaso al Legislativo. Sin embargo, la evidencia demuestra que la inoperancia fue una decisión autogenerada por el propio Ejecutivo.
El alcance real del poder ejecutivo
Independientemente de la composición del Congreso, el Presidente detenta un poder inmenso para orientar el rumbo del país. Su capacidad de acción se extiende a áreas fundamentales para el desarrollo económico y la modernización del Estado:
- Política económica y tributaria: Define los objetivos de recaudación, intensifica la fiscalización, modifica parámetros tributarios y gestiona la deuda. Su rol es determinante para la sostenibilidad fiscal y la certidumbre económica.
- Promoción de la inversión y libre mercado: Impulsa mecanismos como las asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Aprueba estándares ambientales y regula tarifas a través de organismos técnicos como Osinergmin, garantizando la competencia y la atracción de capital privado.
- Gestión pública y servicio civil: Designa y remueve a los más altos funcionarios, definiendo la política de Estado en entidades clave como Essalud, Petroperú, Sunat e Indecopi.
- Simplificación administrativa: Decide la aplicación de las leyes mediante reglamentos, eliminando barreras burocráticas o endureciéndolas, e impulsando la digitalización y las ventanillas únicas.
- Política social, salud y educación: Establece prioridades en el currículo escolar, evaluaciones docentes y programas de becas. En salud, define la atención primaria y las compras de medicamentos, pudiendo rediseñar o eliminar programas sociales de transferencias condicionadas.
- Seguridad y orden interno: Reordena las prioridades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía, designando a sus comandantes y definiendo la inteligencia civil.
- Política exterior y comercio: Establece prioridades diplomáticas y comerciales, ajusta aranceles, controla las fronteras aduaneras y endurece o flexibiliza los controles migratorios.
Gobernanza y estabilidad institucional
El respaldo del Congreso sigue siendo indispensable para las reformas legislativas y la viabilidad del gabinete. No obstante, la nueva conformación bicameral del Parlamento, que exige dos tercios para una vacancia presidencial, fortalece la estabilidad del Ejecutivo frente a las mayorías opositoras. Un Legislativo dividido, lejos de ser un obstáculo insalvable, puede favorecer la gobernanza si el Ejecutivo ejerce un liderazgo técnico, dialogante y orientado a resultados. La verdadera gerencia pública, análoga a la dirección de cualquier organización compleja, requiere idoneidad, objetivos claros y coherencia, atributos ausentes en la gestión populista reciente.
El valor intangible de la Presidencia
En un sistema presidencialista como el peruano, el jefe de Estado personifica a la Nación. Esta posición intangible moldea el clima político y, sobre todo, las expectativas de los ciudadanos y de los agentes económicos. La credibilidad institucional, la certidumbre jurídica y la atracción de inversiones dependen en gran medida del tono y la coherencia que emane de la Presidencia.
Por ello, la próxima contienda electoral exige una deliberación rigurosa. Abstenerse o votar en blanco equivale a renunciar a la defensa del Estado de derecho y la modernización del país. La elección de quien ejercerá tan vasto poder determina el futuro de nuestras libertades y de la integración económica del Perú.