Desregulación y mercado: las seis leyes de DeSantis para Florida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un paquete legislativo de seis nuevas leyes que entrarán en vigor el próximo 1 de julio de 2026. Este conjunto normativo, orientado hacia la desregulación y la racionalización administrativa, plantea transformaciones significativas en materia de infraestructura, planificación territorial y servicios públicos. Cinco de estas disposiciones operarán desde la fecha señalada, mientras que una ya se encuentra activa.
El texto completo está disponible en el portal oficial del Senado de Florida, garantizando la transparencia institucional que exige el estado de derecho.
Centros de datos: soberanía regulatoria local y restricciones hídricas
La primera normativa del paquete aborda el crecimiento de los centros de procesamiento de datos. La ley preserva la facultad regulatoria de los gobiernos locales sobre el desarrollo territorial frente a los clientes de gran consumo energético, un reconocimiento explícito al principio de subsidiariedad.
Adicionalmente, se obliga a las empresas de servicios públicos a establecer tarifas mínimas y condiciones de servicio para estos usuarios. En un gesto de protección ambiental selectiva, se prohíbe al Departamento de Protección Ambiental y a las juntas de distritos hídricos otorgar permisos de uso de agua a macrocentros de datos bajo escenarios específicos.
Desregulación en la construcción: menos barreras, más responsabilidad
Quizá el aspecto más relevante para la dinamización del mercado inmobiliario sea la simplificación de los procesos de construcción. La normativa establece el vencimiento de los permisos emitidos por los condados y traslada al Departamento de Servicios de Administración la contratación estatal de inspectores de obra.
Un punto particularmente interesante desde la perspectiva liberal: no se sancionará penal ni administrativamente a quienes trabajen sin licencias o revisiones, siempre que la ley lo avale. Se trata de una medida que reduce la carga punitiva del Estado sobre la actividad económica privada.
Vivienda prefabricada y barreras contra huracanes
La legislación impide que el Departamento de Regulación Comercial y Profesional rechace permisos para inmuebles residenciales prefabricados, y prohíbe a los gobiernos locales aplicar regulaciones de zonificación que discriminen entre viviendas construidas fuera del sitio frente a las edificadas in situ. Esta medida elimina un sesgo regulatorio injustificado que encarecía una alternativa habitacional más accesible.
Asimismo, se elimina el requisito de permisos para la instalación de barreras contra huracanes e inundaciones, siempre que se cumplan pautas específicas, y se fijan plazos perentorios para la emisión de decisiones sobre licencias de obra.
Aguas residuales: certificación privada y límites municipales
En materia de sistemas de tratamiento de aguas residuales in situ, la ley prohíbe a los municipios exigir permisos del Departamento de Protección Ambiental como requisito previo para autorizaciones de edificación o plomería. En su lugar, los propietarios y constructores deberán presentar pruebas ante la autoridad local. Este cambio transfiere la carga probatoria y reduce la intermediación burocrática.
Gestión de aguas pluviales y créditos de mejora ambiental
La normativa sobre aguas pluviales restringe determinadas actividades de tratamiento con el propósito de elevar su calidad. De particular interés es la autorización del uso de créditos de mejora ambiental para que los organismos públicos cumplan con las disposiciones de rendimiento exigidas por los permisos. Se trata de un mecanismo de mercado que introduce flexibilidad en el cumplimiento regulatorio, un enfoque coherente con las soluciones basadas en incentivos.
Registros de contratistas: eficiencia administrativa
La ley exigirá a cada condado y municipio implementar registros de contratistas autorizados para evaluar proyectos antes de la entrega de planos y permisos. La medida busca identificar fallas técnicas con anticipación, agilizar los procesos administrativos en obras comerciales e inmobiliarias y fijar tiempos límite. No debe confundirse con la normativa House Bill 271, referida al estacionamiento de vehículos en propiedad privada.
Fianzas extranjeras: transparencia y supervisión
Finalmente, la ley enfocada en firmas extranjeras de fianzas impone la obligación de documentar las transacciones de pólizas expedidas y notificar a la Oficina de Regulación de Seguros sobre sus primas. Además, se exigirá a estas empresas incluir revelaciones obligatorias en los estados financieros presentados ante la entidad. Una medida razonable de supervisión que protege al consumidor sin asfixiar la actividad comercial.
Balance: reformas graduales hacia un Estado más eficiente
El paquete legislativo de Florida refleja una orientación clara hacia la desregulación selectiva, la reducción de barreras de entrada en el mercado inmobiliario y la introducción de mecanismos de mercado en la gestión ambiental. Si bien algunas restricciones, como las aplicadas al uso de agua por centros de datos, podrían cuestionarse desde un enfoque de libre mercado puro, el conjunto general avanza en la dirección de un Estado más eficiente y menos intervencionista.
La experiencia floridana ofrece un laboratorio de políticas públicas relevante para quienes, en América Latina, abogamos por modernizar el Estado, reducir la burocracia excesiva y confiar en la capacidad de los individuos y del mercado para generar prosperidad.