La reforma judicial sin rumbo: cuando los planes de gobierno ignoran el diagnóstico
El análisis de los programas electorales para las próximas elecciones revela una preocupante tendencia: la justicia, siendo un servicio público esencial, aparece relegada y carente de diagnósticos rigurosos que identifiquen los problemas estructurales del sistema.
Pedro P. Grández Castro, profesor universitario y miembro de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, plantea una reflexión necesaria sobre la ausencia de políticas públicas coherentes en materia judicial. Su análisis evidencia cómo las propuestas electorales adolecen de fundamentos técnicos sólidos, pese a la abundancia de estudios diagnósticos disponibles.
El desafío del acceso equitativo
Los datos son contundentes. Según el informe de la OCDE sobre Perú (2024), el acceso desigual a la justicia constituye uno de los problemas estructurales más graves del país. El Latinobarómetro (2021) confirma esta percepción: más del 80% de los ciudadanos no se siente igual ante la ley.
Esta inequidad no es casualidad. Las barreras geográficas, económicas y sociales afectan desproporcionadamente a poblaciones vulnerables: mujeres, hablantes de lenguas originarias y adultos mayores enfrentan obstáculos adicionales para acceder al sistema judicial.
Para cerca del 90% de la población peruana, el acceso equitativo a la justicia sigue siendo uno de los principales desafíos pendientes. Esta cifra debería movilizar reformas estructurales inmediatas, incluyendo la descentralización de servicios y la modernización de la gestión judicial.
Propuestas sin sustento técnico
El análisis de Grández Castro revela una realidad preocupante: la mayoría de planes de gobierno presentan enfoques improvisados, algunos incluso elaborados mediante inteligencia artificial, según evidenció el portal "Gobierno Digital Online".
Las propuestas genéricas sobre "reforma integral del sistema de justicia" carecen de especificidad y viabilidad. Muchas agrupaciones reducen erróneamente la problemática judicial a las competencias del Ministerio de Justicia, ignorando la naturaleza sistémica que requiere coordinación interinstitucional.
Particularmente llamativo resulta el énfasis desproporcionado en el Tribunal Constitucional, cuyo rol, siendo importante, es residual comparado con las necesidades cotidianas que los ciudadanos buscan resolver en el Poder Judicial.
La necesidad de un enfoque sistémico
La reforma judicial efectiva demanda una visión integral que reconozca las múltiples dimensiones del problema: acceso, protección de derechos, resolución de conflictos y lucha contra la impunidad. No puede limitarse a cuestiones de "orden público" o criminalidad.
La descentralización emerge como una necesidad urgente. ¿Es sostenible mantener todas las salas de la Corte Suprema concentradas en Lima? La carga procesal y las políticas de descongestión requieren soluciones que involucren presupuesto público y gestión compartida entre diferentes niveles de gobierno.
Cualquier gobierno futuro deberá comprender que las soluciones efectivas requieren pactos con otros poderes del Estado, respetando la autonomía constitucional de cada institución. Esta dimensión interinstitucional constituye el primer paso hacia una reforma eficaz y urgentemente necesaria.
La justicia no puede seguir siendo tratada como tema secundario en las políticas públicas. Su fortalecimiento es fundamental para consolidar el Estado de derecho y garantizar la gobernabilidad democrática que el país necesita.