Diecisiete pescadores ecuatorianos demandaron este 17 de noviembre al Gobierno del presidente Donald Trump ante una corte federal en Pensilvania, acusándolo de atacar su embarcación con drones militares, secuestrarlos y torturarlos en alta mar. El caso, examinado por EFE y reportado por El Comercio Perú, es al menos la segunda querella presentada en tribunales estadounidenses contra la Operación Lanza del Sur, la campaña militar que según la organización WOLA ha dejado al menos 227 muertos.
La demanda, presentada por el abogado Daniel M. Kovalik, acusa al Gobierno de causar intencionalmente angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de propiedad. Los demandantes exigen compensación por daños y piden a la corte que ordene el fin de estos ataques en el Caribe y el Pacífico.
Qué ocurrió el 17 de marzo
Según el escrito judicial, la embarcación Negra Francisca Duarte II navegaba de regreso a Manta, Ecuador, tras dos semanas de pesca frente a las costas de las islas Galápagos. Antes del ataque, la Marina de Ecuador la interceptó, inspeccionó la nave durante unas tres horas y autorizó la continuación de la ruta.
El 17 de marzo, dos drones armados lanzaron bombas sobre el barco, que se incendió. Dos pescadores, Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay, resultaron gravemente heridos, con quemaduras en las piernas, los brazos y la espalda. La tripulación saltó al mar y nadó hasta botes de emergencia.
Según la denuncia, los pescadores fueron luego recogidos por un barco con tripulantes armados que hablaban inglés; algunos vestían uniformes de camuflaje con la bandera estadounidense y otros chalecos con la leyenda 'US Coast Guard'. Flores recibió atención médica y, a través de un traductor, varios tripulantes le dijeron que habían sido responsables del ataque. A los demás los ataron de manos y les cubrieron la cabeza con una bolsa negra. Fueron trasladados a El Salvador, donde permanecieron privados de libertad hasta finales de marzo.
The Guardian reportó que el ataque militar del 17 de marzo hundió el barco de los 16 demandantes originales y dejó a dos con quemaduras graves, dentro de una campaña contra el 'narcoterrorismo' que ha matado a cerca de 250 personas.
Las acusaciones y la defensa del Pentágono
Estados Unidos sostiene que la Operación Lanza del Sur combate el narcoterrorismo, y el Pentágono ha defendido los ataques como una defensa 'vital de los intereses nacionales'. Sin embargo, tanto el Pentágono como el Comando Sur han negado cualquier participación en el ataque contra el barco de los pescadores demandantes.
Kovalik afirmó que ninguno de los pescadores era miembro de ningún grupo narcotraficante o terrorista ni estaba vinculado a ellos.
El violento ataque contra los demandantes y su embarcación, cuando se encontraban en una situación vulnerable en alta mar y no representaban ninguna amenaza para EE.UU. ni para su personal, fue extremo e indignante, sobrepasó todos los límites posibles de la decencia y debe considerarse absolutamente intolerable en un mundo civilizado, escribió el abogado Daniel M. Kovalik.
La demanda insiste en que los pescadores perdieron su fuente de ingresos por la destrucción del barco, atraviesan una grave situación económica y sufren un trauma psicológico severo por el ataque y el secuestro.
Un precedente judicial que crece
Este es al menos el segundo recurso legal presentado en EE.UU. por personas afectadas por estos ataques militares o sus familiares. En octubre, los familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago que murieron por el impacto de un misil contra una embarcación frente a las costas de la isla presentaron una demanda ante una corte de Massachusetts.
The Hill reportó que más de una docena de pescadores ecuatorianos presentó la demanda tras sobrevivir al ataque con drones contra su barco en el Pacífico a comienzos de este año.
Estado de derecho y límites al poder militar
Para quienes defendemos las instituciones y el imperio de la ley, este caso plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede un Estado combatir el narcotráfico mediante ataques selectivos en alta mar, sin proceso judicial previo, contra embarcaciones civiles? La respuesta de una tradición liberal es clara. Ningún objetivo de seguridad justifica suspender las garantías del debido proceso, y menos cuando las víctimas son trabajadores sin vínculos probados con el crimen organizado.
La negativa del Pentágono y del Comando Sur de reconocer responsabilidad en este ataque específico, pese a las evidencias descritas en la demanda, agrava el problema. La rendición de cuentas no es un obstáculo para la política de seguridad; es su condición de legitimidad. Cuando los gobiernos actúan en zonas grises, sin transparencia ni control judicial posterior, erosionan la confianza en las instituciones que dicen proteger.
El caso también toca directamente los intereses del Perú. La Operación Lanza del Sur se despliega en el Pacífico, una región donde pescadores peruanos y ecuatorianos comparten aguas, mercados y riesgos. La impunidad en ataques contra civiles ecuatorianos sienta un precedente que mañana puede alcanzar a cualquier tripulación de la región. La integración económica del Pacífico Sudamericano requiere reglas claras y estados que respondan ante la ley, no drones sin supervisión.
La corte federal de Pensilvania tendrá ahora la oportunidad de fijar un límite. Que lo haga con arreglo a la evidencia y al derecho, no a la conveniencia política.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes demandaron al Gobierno Trump?
Diecisiete pescadores ecuatorianos supervivientes de un ataque con drones militares contra su barco, el Negra Francisca Duarte II, ocurrido el 17 de marzo en el Pacífico.
¿Qué es la Operación Lanza del Sur?
Es la campaña de ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presentada como lucha contra el narcoterrorismo. Según WOLA, ha dejado al menos 227 muertos.
¿Qué piden los demandantes?
Una compensación por daños materiales y morales, y que la corte ordene al Gobierno de EE.UU. poner fin a estos ataques en el Caribe y el Pacífico.
