Corte Suprema de EE.UU. ratifica la ciudadanía por nacimiento: un triunfo constitucional
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el 30 de junio de 2026 la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados y residentes temporales. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal ratificó que la Decimocuarta Enmienda protege este derecho, consolidando la vigencia del estado de derecho frente a un intento de reforma por decreto.
¿Por qué la Corte Suprema bloqueó la orden ejecutiva sobre la ciudadanía?
El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., fue contundente al afirmar que la medida ejecutiva violaba la Constitución. En su opinión, sostuvo que la ciudadanía es el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política, y que los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra.
El intento de la administración Trump de alterar este principio mediante una orden ejecutiva representaba una extralimitación del poder del ejecutivo. La Constitución estadounidense establece mecanismos claros para la modificación de derechos fundamentales, y ninguno de ellos contempla la alteración unilateral por decreto presidencial. El fallo refleja un consenso jurídico transversal que prioriza la institucionalidad sobre la voluntad política coyuntural.
¿Qué implica este fallo para la separación de poderes?
Más allá de la política migratoria, la decisión de la Corte Suprema es un firme recordatorio sobre la separación de poderes. El tribunal ha enviado un mensaje claro: ni siquiera el presidente puede socavar garantías constitucionales a través de órdenes ejecutivas. Esta resolución refuerza la independencia judicial, un pilar esencial para cualquier democracia liberal que busque evitar la concentración del poder.
El constitucionalista Joseph Malouf precisó que los bebés nacidos después del 20 de febrero de 2024, fecha de la firma de la orden ejecutiva, gozan plenamente del derecho a la ciudadanía si nacieron en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Asimismo, descartó que la administración pueda tomar medidas alternativas para impugnar el fallo, ya que la Corte Suprema tiene la última palabra en interpretación constitucional.
¿Puede el Congreso aprobar excepciones a la ciudadanía por nacimiento?
Tras el fallo, se ha discutido la posibilidad de que el legislativo apruebe leyes estableciendo excepciones. Sin embargo, esta vía enfrenta el mismo obstáculo constitucional. Una ley del Congreso no tiene mayor autoridad que la Constitución. Si el legislativo aprueba una norma que viola la Decimocuarta Enmienda, será declarada inconstitucional.
Malouf calificó las sugerencias congresales como una manera de minimizar el impacto de haber perdido. Si bien el Congreso podría aprobar normas con limitaciones muy específicas y poco frecuentes, estas deberían superar un estricto escrutinio constitucional. Cualquier intento legislativo de replicar lo que el presidente intentó por decreto estaría destinado al fracaso frente a la supremacía constitucional.
¿Qué deben saber las inmigrantes embarazadas tras el fallo?
La abogada de inmigración Kathia Quiros celebró la decisión, señalando que las mujeres sin estatus migratorio o con visa temporal pueden tener la certeza de que sus hijos nacidos en el país serán ciudadanos estadounidenses. Aunque el debate político persista, la protección constitucional garantiza que este derecho no cambiará en un futuro próximo.
¿Puede un presidente eliminar la ciudadanía por nacimiento por decreto?
No. La Corte Suprema ha establecido que una orden ejecutiva no puede modificar los derechos consagrados en la Constitución, ratificando así la separación de poderes y la vigencia del estado de derecho.
¿Una ley del Congreso podría cambiar la Decimocuarta Enmienda?
No mediante una ley ordinaria. Cualquier ley que contravenga la Constitución será declarada inconstitucional. Modificar la Decimocuarta Enmienda requiere un proceso formal de enmienda constitucional, que demanda amplias mayorías y consenso nacional.