El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) identificó posibles motivos para anular procesos de compra del Estado valorizados en más de S/5.520 millones entre enero y junio de 2026, según un balance publicado en julio. Meses después, la propia Presidencia Ejecutiva comunicó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que el organismo tenía limitaciones para supervisar las contrataciones públicas, lo que derivó en su reorganización.
El hallazgo es revelador por su magnitud: la entidad detectó estos problemas en 65 informes de supervisión, según reportó LaRepublica.pe. El caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda para cualquier liberal que exija Estado eficiente: quién fiscaliza al fiscalizador de las compras públicas.
Qué encontró el OECE en su supervisión de compras estatales
Entre enero y junio de 2026, el organismo supervisó de oficio 1.109 procedimientos de selección por un valor superior a S/12.081 millones, en el marco del Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica (PASAT) 2026. La fiscalización también incluyó la revisión de 78.601 contratos y órdenes de compra y servicio, valorizados en más de S/898 millones, correspondientes a contrataciones ya en ejecución o formalizadas mediante órdenes.
El balance agrega otra cifra reveladora de la demanda de supervisión en el sistema. El OECE atendió 1.406 solicitudes presentadas por proveedores y otros participantes, que comprendieron 1.183 procedimientos o contratos menores con un valor conjunto superior a S/7.255 millones.
Vigilancia ciudadana: 1.096 procesos monitoreados en las 25 regiones
El balance también documenta la participación ciudadana en el control de las compras estatales. Durante las dos primeras iniciativas del Programa de Vigilancia Ciudadana 2026 se monitorearon 1.096 procesos de compra de 532 entidades públicas distribuidas en las 25 regiones del país, con un valor que superó los S/4.312 millones.
Esta cifra merece subrayarse. La transparencia activa y el control social son mecanismos de bajo costo que disciplinan el gasto público sin engrandecer la burocracia. Que más de S/4.300 millones hayan estado bajo el ojo de ciudadanos organizados es una buena noticia institucional en un país donde la corrupción en compras estatales sigue siendo endémica.
La reorganización: 90 días para diagnosticar y corregir
El Decreto Supremo 256-2026-EF, publicado el 15 de noviembre, declaró la reorganización del organismo por un plazo máximo de 90 días calendario, como reportaron El Comercio y RPP Noticias. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y presupuestal de la entidad, a presentarse a la Alta Dirección en un plazo máximo de 45 días calendario.
A partir de esa evaluación, el OECE deberá formular un plan de trabajo con un cronograma para implementar las medidas de reforma, dentro del plazo total de 90 días. El documento será remitido luego al despacho ministerial del MEF a través de la Presidencia Ejecutiva. El proceso se financiará con el presupuesto institucional del organismo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, detalle que habla bien de un Gobierno que al menos en este caso evita la tentación de resolver todo con más dinero fiscal.
La evaluación comprende la asistencia técnica a las entidades públicas, la certificación de los responsables de las áreas de contratación, la administración de los registros a cargo del OECE, la supervisión del cumplimiento de la normativa y el ejercicio de su potestad sancionadora, como detalló Gestión.
Los problemas internos que el propio OECE reconoció
Las dificultades no se limitaban a la supervisión. En su Informe de Transferencia de Gestión, elaborado en marzo de 2026, el organismo reconoció que el Tribunal de Contrataciones Públicas mantenía expedientes pendientes debido al aumento de las infracciones administrativas y las causales de impedimento. El documento advirtió además que tres salas adicionales, aprobadas en 2025, seguían sin implementarse, pese a que su funcionamiento era considerado necesario para atender procedimientos sancionadores y recursos de apelación.
El mismo informe identificó un presupuesto insuficiente para implementar las nuevas funciones establecidas por la Ley General de Contrataciones Públicas, problemas en la infraestructura tecnológica y retrasos en un proyecto de inversión destinado a modernizar sus herramientas digitales.
Por qué importa para el mercado y el Estado de derecho
Las compras públicas representan una porción significativa del gasto fiscal peruano, y su correcto funcionamiento condiciona la confianza de los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, en el sistema. Un organismo supervisor que no puede supervisar, sancionar ni modernizar sus plataformas termina castigando dos veces al contribuyente: primero con compras caras o irregulares, después con procesos anulados que retrasan obras y servicios.
La reorganización puede ser una oportunidad si se enfoca en simplificar procesos, digitalizar de verdad y fortalecer la autonomía técnica del organismo. También puede ser un maquillaje si el diagnóstico se queda en el reordenamiento de organigramas. Los 90 días dirán qué camino toma el MEF.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero en compras públicas presentaba problemas según el OECE?
El OECE advirtió posibles motivos de anulación en procesos de compra valorizados en más de S/5.520 millones entre enero y junio de 2026, según 65 informes de supervisión.
¿En qué consiste la reorganización del OECE?
El Decreto Supremo 256-2026-EF establece un diagnóstico en 45 días y un plan de trabajo con cronograma dentro de los 90 días calendario de plazo, financiado con el presupuesto institucional del organismo.
¿Quién supervisa las compras públicas en el Perú?
El OECE, entidad adscrita al MEF, supervisa el cumplimiento de la normativa de contrataciones, orienta a las entidades públicas, administra el Registro Nacional de Proveedores y sanciona las infracciones.
