Inmobiliaria en Piura: la letra pequeña de los contratos y el costo de la imprevisión
La promesa de un lote propio en la costa norte del Perú se ha convertido en un calvario financiero para decenas de compradores del proyecto Tahití Blue, desarrollado por el grupo OL&AS en el distrito de La Huaca, Paita, Piura. La demora en la entrega de los terrenos, que en algunos casos supera los dos años sobre la fecha pactada, ha llevado a los afectados a exigir la devolución íntegra de sus aportes, mientras la empresa se escuda en la falta de permisos de agua potable y en demoras atribuibles a terceros. El caso, más allá de una disputa contractual, ilustra los riesgos de un mercado inmobiliario con asimetrías de información y la necesidad de un marco regulatorio que proteja al consumidor sin ahogar la inversión.
¿Qué reclaman los compradores de Tahití Blue?
Andrea Sánchez Chirichigno adquirió un lote en la primera etapa del proyecto en 2021 por más de 25.000 dólares. El contrato estipulaba que la ejecución del bien debía completarse en marzo de 2025, con un margen adicional de 120 días para la entrega definitiva. Ese plazo se incumplió. La empresa comunicó por correo electrónico, de forma que los afectados consideran arbitraria, una ampliación hasta marzo de 2026. Esa segunda fecha tampoco se cumplió, y hoy los compradores carecen de información confiable sobre el estado real de las obras.
“Ellos han dado como razones del atraso el que no conseguían la autorización para el uso de agua potable. No entiendo cómo pueden vender algo si no tienen permisos”, declaró Sánchez a La República. Según su testimonio, en el terreno solo existe el pórtico, una pista que conecta con otros proyectos del grupo y un invernadero. Sánchez presentó una denuncia ante Indecopi solicitando la entrega del bien o la devolución del 100% de los aportes.
La resolución de Indecopi: un precedente sobre la responsabilidad empresarial
El caso de Sánchez no es aislado. La resolución final N° 1055-2026/CC2, emitida por la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi, resolvió una denuncia de Andrea Posavac Trelles y Javier Calderón Burneo contra el mismo grupo. Esta pareja compró un lote en febrero de 2021 por más de 26.000 dólares, con vencimiento de ejecución en febrero de 2025 y 120 días adicionales para la entrega. Tras el incumplimiento, la empresa envió un correo en marzo con una nueva fecha y, ante el reclamo de devolución, denegó la solicitud.
Indecopi declaró fundada la denuncia en primera instancia, sancionando al grupo con una multa de 22,19 UIT, equivalente a más de 122.000 soles. El organismo fue contundente: las demoras atribuibles a entidades públicas o terceros no eximen a la empresa de responsabilidad frente al consumidor. Se trata de contingencias operativas que una entidad especializada en el rubro debió prever y mitigar. Esta decisión refuerza un principio básico del derecho contractual: el riesgo empresarial no se traslada al cliente.
“Queremos que devuelvan lo que pagamos. No puede ser que si ellos no pueden obtener los permisos, sean los consumidores los que tienen que pagar los platos rotos”, señaló Calderón. La frase resume la frustración de quienes confiaron en una promesa de entrega que la empresa no pudo honrar.
Más de 300 afectados y un clima de intimidación
El problema trasciende los casos individuales. Sánchez relató que llegó a conformar un grupo de WhatsApp con cerca de 300 afectados por los retrasos de los proyectos del grupo OL&AS. La iniciativa se desintegró tras una reunión virtual en la que recibieron amenazas anónimas. Un usuario desconocido advirtió que no se realizarían reembolsos y aseguró tener identificados a los administradores del chat, respaldando la intimidación con capturas de pantalla y mensajes de advertencia.
Este episodio, si se confirma, elevaría la gravedad del caso de un incumplimiento contractual a una posible obstrucción del derecho de asociación y denuncia. En un Estado de derecho, los consumidores deben poder organizarse sin temor a represalias. Las autoridades competentes deberían investigar estos hechos con la misma diligencia que el propio Indecopi aplicó al fondo del asunto.
¿Qué dice el grupo OL&AS?
Hasta el cierre de esta edición, el grupo OL&AS no respondió a las solicitudes de comentario. Su último pronunciamiento en redes sociales data del 20 de julio, cuando habilitaron un canal de atención y prometieron un comunicado institucional que aún no ha sido difundido. A través de las cuentas de Tahiti Blue, informan que el condominio se encuentra en la etapa final de sus procesos urbanísticos y registrales. La falta de una respuesta oficial contrasta con la gravedad de las acusaciones y alimenta la percepción de opacidad.
Lecciones para el mercado inmobiliario peruano
Este caso expone varias fallas estructurales que el liberalismo bien entendido debería abordar. Primero, la asimetría de información: el comprador individual rara vez tiene la capacidad de verificar la viabilidad técnica y administrativa de un proyecto antes de firmar. Segundo, la debilidad de los mecanismos de garantía: cuando la empresa no entrega, el consumidor queda en una posición de negociación precaria. Tercero, la necesidad de que las sanciones de Indecopi tengan un efecto disuasorio real, no solo simbólico.
La solución no pasa por más regulación paternalista, sino por reglas claras que reduzcan los costos de transacción y fortalezcan la autonomía del consumidor. Exigir garantías proporcionales al valor del proyecto, transparentar los permisos antes de la venta y agilizar los mecanismos de resolución de disputas son medidas compatibles con un mercado libre y eficiente. El Estado no debe sustituir la iniciativa privada, pero sí garantizar que los contratos se cumplan y que quien incumple asuma las consecuencias.
Preguntas frecuentes sobre el caso Tahití Blue
¿Qué pueden hacer los compradores afectados por un retraso inmobiliario?
Los compradores pueden presentar una denuncia ante Indecopi por incumplimiento contractual. La entidad puede ordenar la entrega del bien, la devolución del dinero o la aplicación de sanciones económicas, como ocurrió en este caso con una multa de más de 122.000 soles.
¿La falta de permisos de la empresa justifica el retraso?
No según el criterio de Indecopi. Las demoras atribuibles a entidades públicas o terceros se consideran contingencias operativas que la empresa debió prever. El riesgo de la gestión de permisos recae en el desarrollador, no en el consumidor.
¿Qué es una UIT y cuál es su valor en este contexto?
La UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es una referencia usada en Perú para multas y tributos. En este caso, la sanción de 22,19 UIT equivale a más de 122.000 soles, un monto que busca disuadir futuros incumplimientos.
¿Qué riesgos legales enfrenta el grupo OL&AS?
Además de la multa de Indecopi, la empresa podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios. Si se confirman las amenazas a los compradores en el grupo de WhatsApp, podrían configurarse delitos de coacción u obstrucción a la justicia.