Facultades legislativas: el debate sobre tasas, factoring y el equilibrio entre reforma y control

El pedido de facultades legislativas presentado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, ha abierto un debate que trasciende la mera técnica económica para instalarse en el corazón de la gobernabilidad y el diseño institucional. La discusión en la Comisión de Constitución del Congreso no solo aborda la pertinencia de reformas puntuales como el fortalecimiento del factoring o la eliminación del tope a las tasas de interés, sino que también interpela la capacidad del Estado para reformarse sin concentrar poder ni ceder ante intereses particulares. En un contexto de modernización pendiente, la pregunta central no es si el Perú necesita reformas, sino quién captura sus beneficios y con qué límites se ejecutan.

¿Qué propone el Ejecutivo en materia financiera y por qué genera controversia?

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución incluyó un paquete de medidas orientadas a dinamizar la economía, con especial énfasis en el financiamiento de las micro y pequeñas empresas (mypes). Entre las propuestas destacan el fortalecimiento del factoring, mecanismo que permite a una empresa adelantar el cobro de sus facturas pendientes, y la eventual eliminación del tope a las tasas de interés. Ambas medidas buscan, en teoría, ampliar el acceso al crédito para los pequeños negocios, pero han despertado sospechas en el Parlamento.

La diputada Jésica Pérez, de Juntos por el Perú, advirtió que estos cambios podrían terminar beneficiando principalmente a las grandes financieras. El cuestionamiento apunta a un problema clásico de diseño de políticas públicas: cuando las reglas se flexibilizan sin una adecuada supervisión de la estructura de mercado, los actores con mayor poder de negociación tienden a capturar los beneficios. En un sistema financiero con alta concentración, la pregunta sobre quién gana con la desregulación es más que pertinente.

El factoring y las tasas de interés: ¿reforma para las mypes o para los intermediarios?

El factoring es una herramienta legítima de liquidez para las mypes, que a menudo carecen de acceso al crédito tradicional. Sin embargo, la observación de Pérez sugiere que una expansión de este mercado sin reglas claras podría consolidar la posición de los intermediarios financieros de mayor tamaño, alejándose del objetivo declarado de apoyar a los pequeños empresarios.

La discusión sobre las tasas de interés es igualmente compleja. César Holguín, de Ahora Nación, cuestionó la urgencia de eliminar el tope en un país con un sistema bancario oligopólico. Su pregunta, retórica pero incisiva, expone la tensión entre la libertad de mercado y la necesidad de proteger a los consumidores en contextos de competencia limitada. Desde una perspectiva liberal, la eliminación de controles de precios es deseable, pero solo si va acompañada de políticas que fomenten la competencia y reduzcan las barreras de entrada. De lo contrario, la desregulación puede traducirse en mayores márgenes para los incumbentes, sin beneficios reales para los usuarios finales.

La reforma tributaria de las mypes: hacia un régimen único progresivo

Otro de los ejes de la propuesta de Cuba es la reforma del régimen tributario de las mypes, con la creación de un régimen único progresivo que aumente la carga impositiva conforme crezca la empresa. La intención es simplificar el actual esquema de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que mantienen a los negocios en la informalidad o en un tamaño subóptimo.

La propuesta es técnicamente razonable, pero su implementación requiere un detalle que hasta ahora no se ha proporcionado. La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó precisamente la falta de precisión sobre la modificación de las rentas, así como la ausencia de una política clara respecto a la exoneración del impuesto a los ahorros y las medidas laborales que se trabajan en el Consejo Nacional de Trabajo. La crítica es válida: una reforma tributaria de esta envergadura no puede aprobarse sobre la base de principios generales, sino que exige un diseño minucioso que anticipe sus efectos sobre la inversión, el empleo y la recaudación.

Inversión privada y presupuesto multianual: modernizar la gestión pública

El paquete de Cuba también incluye el fortalecimiento de ProInversión y la ampliación de mecanismos como Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos, con el objetivo de aumentar la participación privada en proyectos públicos. Esta es una dirección correcta: el sector privado puede aportar eficiencia y capacidad de ejecución en áreas donde el Estado muestra debilidades crónicas. Sin embargo, es esencial que esta participación no diluya la responsabilidad del Estado en la definición de prioridades. La complementariedad entre lo público y lo privado debe basarse en reglas transparentes que garanticen que los proyectos respondan a necesidades sociales, no a intereses particulares.

En materia presupuestaria, Cuba propone una planificación de arriba hacia abajo, con una visión multianual que permita priorizar recursos y dar continuidad a proyectos de largo plazo. La idea es atractiva, pero no es una panacea. La calidad del gasto público no depende solo del diseño del presupuesto, sino de la capacidad técnica de las entidades, la calidad de los proyectos y la eficiencia contractual. Una planificación multianual sin estas condiciones podría simplemente perpetuar los mismos problemas con un horizonte temporal más amplio.

La amplitud de las facultades: el verdadero nudo del debate

Más allá de las reformas específicas, el cuestionamiento central de la oposición se refiere a la amplitud del pedido de delegación legislativa. La diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, advirtió que la extensión del pedido podría vulnerar el artículo 104 de la Constitución, que establece las condiciones para delegar facultades al Ejecutivo. Graciela Chipana coincidió en reclamar mayor precisión sobre las medidas que el Gobierno pretende aprobar mediante decretos legislativos.

Holguín fue más allá al calificar el pedido como una concentración de poder que no contribuiría a la gobernabilidad. Desde una perspectiva liberal, esta crítica es fundamental: la delegación de facultades es un instrumento legítimo para agilizar reformas, pero su uso debe ser excepcional y acotado. La gobernabilidad no se fortalece con la concentración de poder, sino con instituciones sólidas que permitan una toma de decisiones eficiente y con rendición de cuentas.

Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó que el Parlamento tiene herramientas de control, como la interpelación y la censura, y que puede modificar los decretos legislativos emitidos dentro de las facultades delegadas. Fernando García, de Buen Gobierno, citó una declaración atribuida a la senadora Martha Chávez sobre la falta de coordinación entre la Cámara de Diputados y el Senado, lo que evidencia las tensiones del nuevo bicameralismo.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

La presentación de Cuba ante la Comisión de Constitución se realizó mientras la Comisión de Economía tenía prevista su participación para revisar el pedido. El ministro no acudió a esa sesión, y la Comisión de Economía acordó debatir y votar su informe técnico el 14 de setiembre. El Ejecutivo busca una delegación por 120 días para intervenir en materias que incluyen mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.

Hasta que el Congreso determine el alcance de la delegación, todas las modificaciones mencionadas permanecen como propuestas. El debate, sin embargo, ya ha puesto sobre la mesa una pregunta esencial: ¿puede el Perú modernizar su economía sin sacrificar el equilibrio institucional? La respuesta dependerá de la capacidad del Congreso para delimitar con precisión las materias delegadas y del Ejecutivo para ejecutar las reformas con transparencia y eficiencia. En una economía que busca integrarse plenamente a la OCDE, la calidad de las instituciones es tan importante como el contenido de las políticas.

Preguntas frecuentes sobre las facultades legislativas en materia económica

¿Qué es el factoring y por qué es relevante para las mypes?

El factoring es un mecanismo financiero que permite a una empresa adelantar el cobro de sus facturas pendientes mediante una operación con un intermediario. Para las mypes, representa una fuente de liquidez cuando necesitan capital de trabajo y no tienen acceso al crédito tradicional. El debate surge porque su fortalecimiento podría beneficiar principalmente a las grandes financieras si no se establecen reglas que aseguren un reparto equitativo de los beneficios.

¿Por qué se cuestiona la eliminación del tope a las tasas de interés?

La eliminación del tope a las tasas de interés es cuestionada porque, en un sistema financiero con alta concentración, podría traducirse en mayores costos de crédito para los consumidores sin generar necesariamente una mayor competencia. La crítica se centra en que la desregulación debe ir acompañada de políticas que fomenten la entrada de nuevos actores al mercado.

¿Qué implica la reforma del régimen tributario de las mypes?

La reforma propone un régimen único progresivo, donde la carga tributaria aumente gradualmente conforme crezca la empresa. El objetivo es simplificar el esquema actual de regímenes diferenciados y reducir los incentivos que mantienen a los negocios en la informalidad. La implementación requiere un detalle normativo que aún no se ha presentado.

¿Cuál es el límite constitucional para la delegación de facultades?

El artículo 104 de la Constitución establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar facultades legislativas al Ejecutivo. La crítica de algunos parlamentarios es que la amplitud del pedido actual podría vulnerar este artículo, que exige una delimitación clara de las materias a delegar.