El populismo fiscal del Congreso amenaza la estabilidad económica nacional
El Congreso peruano enfrenta una avalancha de populismo fiscal que pone en jaque la sostenibilidad de las cuentas públicas. Solo en el último mes, han ingresado 16 iniciativas legislativas orientadas a elevar sueldos o aprobar nuevas escalas remunerativas para el sector público, evidenciando una preocupante desconexión entre la clase política y la realidad fiscal del país.
La magnitud del problema fiscal
El Consejo Fiscal ha identificado un panorama alarmante: 229 leyes aprobadas entre 2021 y octubre de 2025 generan efectos fiscales adversos por más de S/35.000 millones. Esta cifra refleja la irresponsabilidad fiscal sistemática que caracteriza al actual periodo legislativo.
De manera particularmente preocupante, siete dictámenes pendientes podrían incrementar el gasto público en aproximadamente S/21.000 millones anuales, concentrándose principalmente en mejoras remunerativas y aumentos pensionarios que carecen de sustento técnico y viabilidad fiscal.
Paradojas del sistema
La situación alcanza niveles paradójicos cuando quienes deberían ejercer control constitucional se benefician del mismo sistema que critican. Los magistrados del Tribunal Constitucional recibirán incrementos salariales de hasta S/10.000 desde diciembre, mientras el país carece de un pronunciamiento oficial sobre la sostenibilidad de estas medidas.
Más grave aún resulta el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyos miembros buscaron elevar su remuneración mensual de S/35.000 a S/42.000, argumentando una dudosa homologación con los jueces supremos. Aunque el proyecto fue retirado tras la polémica, evidencia la mentalidad extractiva que permea las instituciones.
Análisis de responsabilidades partidarias
Una investigación detallada revela que las iniciativas más costosas provienen principalmente de Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú, partidos que han convertido el gasto público en instrumento de clientelismo político, abandonando cualquier pretensión de responsabilidad fiscal.
Los sectores más afectados por esta avalancha populista incluyen educación, salud, justicia y administración pública, áreas que requieren reformas estructurales, no incrementos salariales indiscriminados que comprometen la sostenibilidad del Estado.
Respuesta gubernamental insuficiente
El Decreto de Urgencia N.º 008-2025, emitido el 6 de noviembre, establece medidas de austeridad hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes ante la magnitud del problema estructural que representa la irresponsabilidad fiscal legislativa.
La norma busca preservar la meta fiscal del 2,2% del PBI, pero enfrenta la resistencia de un Congreso que ha convertido el gasto público en moneda de cambio político, ignorando las consecuencias macroeconómicas de sus decisiones.
Hacia una reforma institucional necesaria
Esta crisis evidencia la urgente necesidad de reformas institucionales que limiten la capacidad del Congreso para aprobar gastos sin sustento técnico. El país requiere mecanismos que privilegien la eficiencia del gasto público sobre el clientelismo político.
La experiencia internacional demuestra que los países exitosos han implementado reglas fiscales robustas y organismos técnicos independientes que evalúan el impacto de las propuestas legislativas antes de su aprobación. Perú no puede seguir siendo rehén del populismo fiscal que compromete su futuro económico.