La nueva Agencia Nacional de Migraciones: entre seguridad y derechos
El gobierno de Javier Milei ha implementado una profunda reforma en la gestión migratoria argentina mediante la creación de la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que marca un cambio paradigmático en el enfoque tradicional del país hacia la inmigración.
Reorganización institucional y nuevas competencias
La ministra Patricia Bullrich oficializó el traspaso de la gestión migratoria desde el Ministerio del Interior hacia la cartera de Seguridad, configurando lo que denomina una "policía migratoria". Esta nueva estructura integrará personal de distintas fuerzas federales y asumirá funciones actualmente desempeñadas por la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La medida forma parte de una reforma más amplia de la Ley de Migraciones que contempla sistemas de vigilancia y control reforzados en terminales aéreas, fronteras marítimas y terrestres. Sin embargo, la ausencia de especificaciones técnicas genera incertidumbre sobre las diferencias operativas respecto al sistema anterior.
Debate sobre modelos internacionales
La nueva arquitectura institucional ha suscitado comparaciones con organismos estadounidenses como la Patrulla Fronteriza y el ICE. Esta analogía plantea interrogantes sobre la adaptabilidad de modelos foráneos al contexto argentino, considerando las diferencias en flujos migratorios, capacidades institucionales y marco jurídico.
Pablo Ceriani Cernadas, del Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, advierte sobre los riesgos de trasladar enfoques punitivos que han demostrado generar violencia institucional en otros contextos. Entre 2015 y 2019, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró 250 heridos y 22 fallecidos en operaciones de persecución, según investigaciones de ProPublica y Los Angeles Times.
Evaluación desde la perspectiva liberal
Desde una óptica liberal, la reforma presenta tensiones entre la legítima prerrogativa estatal de regular fronteras y la preservación de derechos fundamentales. La eficiencia administrativa y el control territorial constituyen objetivos válidos, pero requieren marcos institucionales que eviten la criminalización de la movilidad humana.
La ministra Bullrich reconoce que Argentina no enfrenta organizaciones criminales transnacionales de gran escala, lo que sugiere que la reforma responde más a consideraciones de política interna que a amenazas objetivas. Esta situación plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Desafíos de implementación
La transición hacia un modelo securitizado de gestión migratoria enfrenta varios desafíos. Primero, la capacitación especializada del personal en derechos humanos y procedimientos migratorios. Segundo, la coordinación interinstitucional entre fuerzas federales con culturas organizacionales diferentes.
Además, la medida debe articularse con compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos y con la tradición jurídica nacional que históricamente ha favorecido la integración migratoria.
Perspectivas futuras
El éxito de la reforma dependerá de su capacidad para equilibrar objetivos de seguridad con garantías constitucionales. Un enfoque liberal genuino requiere instituciones eficientes que protejan tanto la soberanía nacional como los derechos individuales, evitando la falsa dicotomía entre seguridad y libertad.
La experiencia internacional sugiere que las políticas migratorias más exitosas combinan controles efectivos con canales legales de migración y mecanismos de integración social. La nueva ANM tendrá la oportunidad de demostrar si puede alcanzar estos objetivos sin comprometer los principios fundacionales de la República Argentina.