Violencia familiar en Gerli: un caso que expone las fallas del sistema de protección
El brutal ataque de un padrastro de 37 años contra una menor de siete años en el barrio de Gerli, partido de Avellaneda, vuelve a poner en evidencia las profundas deficiencias de nuestro sistema de protección infantil y la urgente necesidad de reformas estructurales en las políticas públicas de prevención de la violencia doméstica.
Los hechos: una agresión que conmueve
Los acontecimientos ocurrieron en una vivienda de la calle Gibraltar, donde el agresor, identificado como Alex para preservar la identidad de la menor, convivía con su pareja de 44 años y la hija de esta. Según el relato policial, el hombre quedó al cuidado de la niña cuando, por motivos aún no esclarecidos, la atacó con una ferocidad inusitada.
Las lesiones constatadas por los médicos del Hospital Presidente Perón fueron alarmantes: rostro hinchado, ojos morados e inflamados, labio superior cortado, mordidas en los brazos y múltiples hematomas corporales. Un cuadro clínico que evidencia no solo la brutalidad del ataque, sino también la vulnerabilidad extrema de los menores en situaciones de violencia doméstica.
La respuesta institucional y social
La reacción del sistema fue, en este caso, relativamente eficiente. Los profesionales médicos cumplieron con el protocolo de detección y denuncia, activando inmediatamente los mecanismos de protección. La Policía actuó con rapidez, y la UFI 2 Avellaneda-Lanús dispuso la aprehensión del agresor por lesiones agravadas por el vínculo.
Sin embargo, resulta preocupante que la justicia por mano propia haya precedido a la acción estatal. Los vecinos que atraparon y golpearon al agresor, aunque comprensibles en su indignación, evidencian la desconfianza ciudadana en la eficacia del sistema judicial y la tentación del vigilantismo como respuesta a la impunidad percibida.
Un problema sistémico que requiere soluciones integrales
Este caso no puede analizarse como un hecho aislado. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los casos de violencia contra menores han aumentado significativamente en los últimos años, poniendo en evidencia la insuficiencia de las políticas preventivas actuales.
Desde una perspectiva liberal, la protección de los derechos fundamentales de los menores constituye una responsabilidad indelegable del Estado. Sin embargo, esta responsabilidad debe ejercerse a través de instituciones eficientes, transparentes y que rindan cuentas, no mediante burocracias inoperantes que llegan tarde y mal.
Propuestas para una reforma necesaria
La modernización del sistema de protección infantil requiere medidas concretas: fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, capacitación especializada para operadores judiciales, implementación de tecnologías de seguimiento y alerta temprana, y sobre todo, una coordinación eficaz entre los diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, resulta fundamental promover políticas de prevención que aborden las causas estructurales de la violencia doméstica, incluyendo programas de educación parental, apoyo psicológico accesible y campañas de concientización dirigidas especialmente a entornos vulnerables.
La protección de nuestros niños no puede depender de la casualidad o de la intervención heroica de vecinos indignados. Requiere instituciones sólidas, recursos adecuados y un compromiso político genuino con la construcción de una sociedad que ponga a los derechos de los menores en el centro de sus prioridades.