La modernización aérea peruana: entre pragmatismo económico y consideraciones geopolíticas
El presidente José Jerí ha clarificado definitivamente el estado del proceso de adquisición de aeronaves de combate, disipando las especulaciones mediáticas que sugerían una decisión prematura a favor de la propuesta estadounidense. Esta aclaración resulta fundamental para comprender la complejidad institucional y estratégica que rodea una inversión de tal magnitud.
Un proceso técnico-institucional riguroso
La evaluación de los tres modelos finalistas, el francés Rafale 4, el sueco Gripen y el estadounidense F-16 Block 70, se desarrolla bajo criterios técnicos establecidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y supervisados por múltiples instancias: el Ministerio de Defensa, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), la Contraloría y el Ministerio de Economía.
Esta arquitectura institucional refleja las mejores prácticas de gobernanza en adquisiciones públicas de alta complejidad, donde la transparencia y la evaluación técnica deben prevalecer sobre consideraciones políticas coyunturales.
Dimensiones económicas y estratégicas
El presupuesto autorizado de 3.500 millones de dólares para 24 aeronaves representa una inversión significativa que requiere un análisis costo-beneficio riguroso. La propuesta estadounidense, valorada en 3.420 millones de dólares por solo 12 unidades, plantea interrogantes sobre la eficiencia económica comparativa.
La urgencia de la modernización es innegable: el parque aéreo actual, compuesto por Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi Su-25 obsoletos, compromete la capacidad disuasiva nacional. Como señaló el mandatario, "tenemos solamente dos aviones que ya están en sus últimos suspiros".
Equilibrio geopolítico y autonomía decisional
Las declaraciones iniciales del primer ministro Ernesto Álvarez sobre "razones estratégicas" vinculadas a la posición estadounidense en la región generaron interpretaciones precipitadas. Sin embargo, su posterior rectificación subraya la importancia de mantener la autonomía decisional del Estado peruano.
La reunión entre Jerí y el embajador estadounidense Bernie Navarro, malinterpretada por algunos sectores mediáticos, forma parte de la diplomacia bilateral normal y no debe confundirse con compromisos de adquisición específicos.
Lecciones de gobernanza institucional
Este proceso ilustra la importancia de mantener la separación entre las funciones ejecutivas de evaluación técnica y las consideraciones políticas de alto nivel. La FAP, como usuario final, debe determinar las especificaciones operativas, mientras que la ACFFAA evalúa las propuestas bajo criterios de eficiencia y transparencia.
La decisión final, que se espera en los próximos meses, constituirá un test importante para la madurez institucional peruana en la gestión de adquisiciones estratégicas de gran envergadura.