La modernización de la Fuerza Aérea peruana: entre necesidad estratégica y transparencia institucional
El presidente José Jerí ha despejado las especulaciones que durante semanas giraron en torno a la supuesta predilección del gobierno por los cazas F-16 Block 70 estadounidenses. En una intervención que refleja la importancia de la transparencia institucional, el mandatario confirmó que el proceso de selección permanece abierto, evaluando tres propuestas técnicamente viables: el francés Rafale 4, el sueco Gripen y el norteamericano F-16 Block 70.
Un proceso técnico, no político
La clarificación presidencial resulta fundamental para comprender la arquitectura institucional que rige esta adquisición estratégica. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) conduce la evaluación técnica, mientras que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), bajo la tutela del Ministerio de Defensa, gestiona el proceso de adquisición. Esta división de responsabilidades garantiza que las decisiones se fundamenten en criterios técnicos y presupuestarios objetivos.
Durante el programa "Sin Rodeos", la periodista Milagros Leiva planteó una pregunta que encapsula las preocupaciones sobre la transparencia del proceso: si la reunión presidencial con el embajador estadounidense Bernie Navarro implicaba una decisión favorable hacia la propuesta norteamericana. La respuesta de Jerí fue categórica: el encuentro diplomático responde al fortalecimiento de relaciones bilaterales, no a compromisos comerciales específicos.
Dimensiones económicas y estratégicas
El contexto económico de esta adquisición merece análisis detallado. Estados Unidos aprobó la venta de 12 cazas F-16 Block 70 por 3.420 millones de dólares, mientras que la FAP requiere 24 aeronaves por un presupuesto de 3.500 millones de dólares. Esta disparidad entre oferta y demanda ilustra la complejidad de equilibrar necesidades operativas con restricciones presupuestarias.
Las declaraciones iniciales del primer ministro Ernesto Álvarez sobre "razones estratégicas" que favorecerían la propuesta estadounidense generaron controversia, posteriormente matizada por el reconocimiento de que múltiples instituciones participan en la evaluación: Ministerio de Defensa, FAP, ACFFAA, Contraloría y Ministerio de Economía.
Modernización como imperativo nacional
El presidente Jerí contextualizó la urgencia de esta adquisición: "Tenemos solamente dos aviones que ya están en sus últimos suspiros". Esta declaración subraya la obsolescencia de la flota actual, compuesta por Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi Su-25, algunos con décadas de servicio.
La modernización de la capacidad aérea trasciende consideraciones meramente militares para constituirse en elemento disuasivo fundamental de la soberanía nacional. El Congreso ha respaldado esta perspectiva aprobando la adquisición, con el propio presidente Jerí votando favorablemente durante su etapa legislativa.
Evaluación técnica rigurosa
El proceso de selección culmina una década de evaluaciones que inicialmente consideraron diez modelos diferentes. La reducción a tres alternativas (Rafale 4, Gripen, F-16 Block 70) refleja criterios técnicos estrictos que consideran capacidades operativas, costos de mantenimiento, transferencia tecnológica y compatibilidad con sistemas existentes.
La ACFFAA debe determinar qué propuesta satisface las exigencias técnicas de la FAP mientras se ajusta al marco presupuestario de 3.000 millones de dólares. Esta evaluación dual, técnica y económica, constituye la garantía de una decisión fundamentada en criterios objetivos.
La transparencia del proceso y la claridad institucional demostradas por el presidente Jerí refuerzan la confianza en que esta decisión estratégica se adoptará mediante procedimientos técnicos rigurosos, alejados de presiones políticas o diplomáticas externas.