El peligro de un sistema penitenciario ineficiente: lecciones de Guatemala para el caso peruano
El análisis comparativo entre las estructuras criminales de Centroamérica y la expansión del Tren de Aragua en Perú revela la urgente necesidad de reformas institucionales profundas en el sistema penitenciario peruano. La experiencia guatemalteca con el Barrio 18 ofrece valiosas lecciones sobre los riesgos de la inacción estatal.
La experiencia guatemalteca: cuando el Estado pierde el control
Edgar Morales, exfiscal del Ministerio Público de Guatemala con más de una década investigando al Barrio 18, advierte sobre los paralelismos preocupantes entre la situación guatemalteca y la evolución del crimen organizado en Perú. Su análisis resulta particularmente relevante tras los recientes ataques del Barrio 18 que costaron la vida a 11 policías guatemaltecos y el control de tres centros penitenciarios por parte de esta organización criminal.
La estructura jerárquica del Barrio 18, liderada por Aldo Dupie Ochoa alias El Lobo, opera a través de 36 clicas identificadas que han convertido la extorsión en su principal fuente de financiamiento. Esta metodología criminal encuentra ecos inquietantes en las operaciones del Tren de Aragua en territorio peruano.
Deficiencias estructurales y oportunidades criminales
Morales identifica factores críticos que facilitan la expansión criminal: la ausencia de políticas de seguridad integrales, la exclusión social en barrios marginales y, fundamentalmente, sistemas penitenciarios deficientes que funcionan como universidades del crimen.
"Una persona que ingresa al sistema penitenciario por robo puede salir involucrada en extorsión o incluso haber aprendido a secuestrar", explica el exfiscal, subrayando cómo el hacinamiento carcelario contribuye directamente al fortalecimiento del crimen organizado.
El caso peruano: entre la reforma y el riesgo
La reciente disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) representa un intento de reforma que, según Morales, debe acompañarse de medidas más profundas.
El Tren de Aragua ha demostrado capacidad de adaptación transnacional, estableciendo células autónomas que mantienen vínculos con la estructura principal venezolana. Su modus operandi, centrado en la extorsión y explotación sexual, replica patrones ya observados en organizaciones centroamericanas consolidadas.
Recomendaciones para una política penitenciaria eficaz
El análisis de Morales sugiere tres pilares fundamentales para prevenir la consolidación criminal:
Primero, evitar el copy-paste legislativo y desarrollar marcos normativos específicos para cada contexto nacional. Segundo, garantizar el control estatal efectivo de los centros penitenciarios, evitando que los internos asuman el poder de facto. Tercero, implementar políticas de reinserción social genuinas que interrumpan los ciclos de criminalidad.
El modelo Bukele: entre efectividad y sostenibilidad
Respecto al plan antipandillas de El Salvador, Morales mantiene una perspectiva equilibrada: reconoce su potencial como base para cambios regionales, pero advierte sobre su componente mediático y la necesidad de enfoques más integrales que respeten el marco legal y los derechos humanos.
Conclusiones para el debate público
La experiencia guatemalteca demuestra que la inacción estatal en materia penitenciaria no es neutral: constituye una política pública que favorece objetivamente al crimen organizado. El caso peruano requiere un debate informado sobre las reformas necesarias para evitar que el Tren de Aragua replique en territorio nacional los niveles de consolidación alcanzados por el Barrio 18 en Centroamérica.
La modernización del sistema penitenciario peruano no puede limitarse a cambios administrativos. Requiere una visión integral que combine control estatal efectivo, inversión en infraestructura adecuada y programas de reinserción social basados en evidencia empírica, no en populismo punitivo.