El embargo de la marca Cinestar: cuando la eficiencia tributaria encuentra límites operativos
La decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de incluir la marca comercial Cinestar Multicines en su primer remate del año ilustra tanto la necesidad de fortalecer la recaudación tributaria como los desafíos que enfrenta el Estado en la ejecución de medidas coercitivas sobre activos empresariales en funcionamiento.
El marco normativo y sus implicaciones
La marca, valorizada en S/ 1,316,838 según el registro de Indecopi, forma parte de un proceso de embargo por incumplimiento tributario. Sin embargo, la situación revela una paradoja institucional: mientras la Sunat ejecuta legítimamente sus facultades de cobranza coactiva, la empresa Grupo Star mantiene operaciones normales en sus complejos cinematográficos a nivel nacional.
Esta aparente contradicción expone las limitaciones del marco regulatorio actual para abordar situaciones donde los activos embargados constituyen elementos esenciales para la continuidad operativa de empresas que generan empleo y contribuyen al dinamismo económico.
Eficiencia recaudatoria versus continuidad empresarial
El caso Cinestar plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la eficiencia recaudatoria del Estado y la preservación del tejido empresarial. La medida cautelar impide expresamente el uso, explotación y difusión comercial de la marca, conforme a los principios de protección de la propiedad industrial, pero no paraliza las operaciones comerciales de facto.
Esta situación sugiere la necesidad de desarrollar mecanismos más sofisticados que permitan al Estado ejercer sus prerrogativas tributarias sin comprometer innecesariamente la viabilidad de empresas que, regularizando su situación, podrían contribuir más efectivamente al erario público.
Un remate de dimensiones significativas
El proceso incluye 62 bienes por un valor conjunto superior a S/ 39 millones, abarcando propiedades inmobiliarias en distritos estratégicos de Lima y regiones como Ica, Chincha y Cañete. Esta magnitud refleja tanto la capacidad operativa de la Sunat como la dimensión del problema de morosidad tributaria en el país.
La metodología de sobre cerrado, programada para los días 24 y 26 de febrero en la sede de Arenales, garantiza transparencia procesal, aunque la gratuidad de participación podría generar distorsiones especulativas en el proceso de formación de precios.
Reflexiones sobre política tributaria
Este caso evidencia la urgencia de modernizar los instrumentos de política tributaria, incorporando mecanismos que privilegien la regularización voluntaria sobre la coerción, sin comprometer la firmeza necesaria para mantener la disciplina fiscal.
La experiencia internacional sugiere que esquemas de facilidades de pago más flexibles, combinados con incentivos para la formalización, pueden resultar más eficientes que los procesos de embargo tradicionales, especialmente cuando involucran empresas con capacidad operativa demostrada.