El riesgo del Tren de Aragua: lecciones desde Guatemala sobre sistemas penitenciarios deficientes
El exfiscal guatemalteco Edgar Morales, especialista en crimen organizado con más de una década investigando al Barrio 18, advierte sobre los riesgos que enfrenta Perú si no fortalece su sistema penitenciario. Su análisis cobra relevancia tras la reciente disolución del INPE y la creación de SUNIR, en un contexto donde el Tren de Aragua expande su presencia en la región.
La experiencia guatemalteca: un espejo para Perú
El 18 de enero, Guatemala vivió uno de sus episodios de violencia más graves desde el Conflicto Armado Interno de 1996. El Barrio 18 asesinó a 11 policías mientras tomaba control de tres cárceles, obligando al gobierno a declarar estado de sitio. Esta crisis evidencia las consecuencias de carecer de una política de seguridad integral con anticipación y control territorial efectivos.
Según Morales, la estructura jerárquica del Barrio 18, liderada por Aldo Dupie Ochoa alias 'El Lobo', opera mediante 36 'clicas' identificadas. Su objetivo no es desestabilizar gobiernos, sino consolidar control territorial a través de extorsión y terror, actividades que financian la adquisición de armamento y corrupción institucional.
El Tren de Aragua: una amenaza transnacional
El experto establece un paralelismo preocupante: "El Tren de Aragua puede convertirse en el Barrio 18 de Perú". Esta organización venezolana opera mediante facciones autónomas que mantienen vínculos con la estructura principal, expandiéndose por Latinoamérica aprovechando vacíos legales y deficiencias institucionales.
A diferencia de Guatemala, donde las estructuras cerradas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha impiden incursiones externas, Perú presenta condiciones más favorables para la expansión del Tren de Aragua, particularmente en actividades de extorsión y explotación sexual.
Reformas institucionales: más allá del cambio de nombres
La disolución del INPE y creación de SUNIR representa un intento de reforma que Morales considera insuficiente sin cambios estructurales profundos. "En un estado de derecho saludable, la autoridad debería controlar las instituciones penitenciarias", señala, criticando la realidad latinoamericana donde los internos controlan los centros carcelarios.
El hacinamiento carcelario facilita que personas ingresadas por delitos menores se integren a estructuras de crimen organizado, transformando centros de resocialización en universidades del crimen. Esta disfunción institucional requiere marcos normativos específicos, no soluciones importadas mediante "copy-paste" legislativo.
El modelo Bukele: entre efectividad y espectáculo
Respecto al plan salvadoreño contra pandillas, Morales adopta una posición matizada. Reconoce su potencial como base para cambios regionales, pero cuestiona su enfoque mediático tras conversaciones con periodistas salvadoreños. "El mostrar escenas del CECOT no resuelve el problema real de las pandillas", advierte.
Propone crear cárceles modelo con medidas restrictivas dentro del marco legal y respeto a derechos humanos, evitando tanto la permisividad actual como el autoritarismo populista.
Implicaciones para la política pública peruana
La experiencia de Morales, quien sobrevivió a un atentado con 12 disparos ordenado por Carlos Agustín Reyes Popol alias 'El Joker', ilustra los riesgos de enfrentar estas organizaciones sin respaldo institucional adecuado. Su testimonio subraya la necesidad de proteger a funcionarios que combaten el crimen organizado.
Para Perú, las lecciones guatemaltecas son claras: la reforma penitenciaria debe ir acompañada de políticas integrales de seguridad, marcos normativos específicos y fortalecimiento institucional. La ventana de oportunidad existe, pero requiere decisión política y recursos suficientes para evitar que el Tren de Aragua replique en territorio peruano el modelo destructivo del Barrio 18.
La experiencia regional demuestra que las medidas cosméticas son insuficientes frente a organizaciones criminales transnacionales. La respuesta debe ser igualmente sofisticada, combinando rigor legal, eficiencia administrativa y respeto al estado de derecho.