Análisis: La rectificación del Minsa sobre identidades trans y el debate sobre políticas públicas inclusivas
En un contexto de creciente polarización sobre derechos LGBTIQ+ a nivel global, el caso peruano ilustra la complejidad de implementar políticas públicas basadas en evidencia científica versus presiones sociales conservadoras.
Los hechos: cronología de una controversia sanitaria
El 14 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un decreto supremo que clasificaba las identidades de género diversas como "enfermedades mentales" dentro del marco de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10). Esta decisión generó inmediata controversia tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, el 25 de junio de 2024, el Minsa rectificó su postura, eliminando estos términos discriminatorios y adoptando un enfoque más alineado con los estándares internacionales de salud mental. La nueva clasificación incluye categorías como "discordancia de género en la adolescencia o adultez" y "asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual".
Desinformación y verificación de hechos
A pesar de esta rectificación, contenido viral en redes sociales continúa afirmando falsamente que Perú mantiene en 2025 la clasificación de personas transgénero como "enfermas mentales". Un post en Facebook alcanzó 478,000 reacciones, evidenciando el alcance de esta desinformación.
La verificación de hechos confirma que esta narrativa es falsa. El gobierno peruano mantiene vigente desde junio de 2024 la clasificación rectificada, no discriminatoria.
Implicaciones para las políticas públicas
Este episodio plantea interrogantes relevantes sobre la formulación de políticas públicas en democracias modernas:
Primero, la importancia de basar las decisiones sanitarias en evidencia científica actualizada. La Organización Mundial de la Salud retiró la transexualidad de su lista de trastornos mentales en 2018.
Segundo, el rol de la presión internacional en la corrección de políticas discriminatorias. La rectificación del Minsa coincidió con críticas de organismos internacionales.
Tercero, la necesidad de combatir la desinformación que erosiona el debate público informado sobre políticas de derechos humanos.
Contexto regional y desafíos institucionales
El caso peruano se inscribe en una tendencia regional preocupante. Durante 2024-2025, varios países han implementado restricciones a derechos LGBTIQ+, desde la censura de libros en Estados Unidos hasta la prohibición de marchas del orgullo en Hungría.
En Perú, además de la controversia sanitaria, el Congreso eliminó en noviembre de 2025 el enfoque de género de los currículos escolares, evidenciando tensiones persistentes entre sectores conservadores y progresistas.
Reflexiones sobre gobernanza y moderación política
La rectificación del Minsa representa un ejemplo de cómo las instituciones pueden corregir decisiones problemáticas cuando enfrentan escrutinio público y presión internacional. Sin embargo, también revela la fragilidad de los consensos sobre derechos fundamentales en sociedades polarizadas.
Para una democracia moderna, el desafío consiste en desarrollar marcos institucionales que protejan los derechos de las minorías mientras mantienen la legitimidad democrática y el diálogo constructivo entre diferentes visiones sociales.
La persistencia de desinformación sobre este tema subraya la urgencia de fortalecer la educación cívica y los mecanismos de verificación de hechos como pilares de una democracia informada.