Nueva ley eléctrica: entre modernización y riesgos tarifarios
El sector eléctrico peruano enfrenta una transformación regulatoria sin precedentes tras la aprobación de la Ley 32249 en enero de 2025, que moderniza el marco de licitaciones de suministro eléctrico. Sin embargo, la ausencia de un reglamento definitivo ha generado un intenso debate técnico sobre sus implicaciones para la eficiencia del mercado y la continuidad del servicio.
El dilema de la modernización regulatoria
La nueva normativa busca romper con décadas de concentración oligopólica en el sector eléctrico, donde según el COES, más del 60% de la oferta está concentrada en cuatro empresas generadoras. Esta estructura de mercado, combinada con la ausencia de licitaciones competitivas durante 15 años, ha mantenido artificialmente elevados los precios eléctricos, limitando los beneficios de las nuevas tecnologías para los consumidores finales.
El diseño propuesto introduce la separación de la contratación de energía y potencia por bloques horarios, un mecanismo que promete mayor competencia pero que genera interrogantes sobre su implementación práctica. Roberto Tamayo Pereyra, exdirector general de Electricidad del Minem, destaca que "tal vez lo más importante del espíritu de la norma es que genera un principio de competencia", diferenciando el modelo peruano de esquemas regionales como el chileno.
Riesgos y oportunidades del nuevo marco
Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y socio de Gerens, plantea una perspectiva crítica fundamentada en evidencia internacional. Su análisis señala que la priorización de energías renovables intermitentes podría generar presiones tarifarias al alza si las distribuidoras deben complementar el suministro con energía más costosa durante horas de baja generación solar y eólica.
Esta preocupación no es meramente teórica. Vásquez advierte sobre las dificultades experimentadas en mercados como el chileno y español, donde esquemas similares han resultado en episodios de desabastecimiento y sobrecostos. "No se puede copiar un modelo de reglamentación sin considerar las particularidades del sistema nacional", sostiene.
La perspectiva pro-competencia
Desde la Asociación Peruana de Energías Renovables, Riquet Mitma defiende una visión más liberal del mercado eléctrico. Su argumento central es que la contratación única de suministro para 24 horas actúa como una barrera de entrada artificial que favorece a los operadores incumbentes y limita la optimización del despacho eléctrico.
Mitma advierte que la demora regulatoria está generando un efecto perverso: los desarrolladores independientes terminan cediendo sus activos a operadores dominantes, concentrando los beneficios de la generación renovable de bajo costo en portafolios privados en lugar de trasladarlos al sistema y a los usuarios finales.
Potencial de inversión y desarrollo
El exministro Jorge Montero estimó que la nueva legislación podría activar inversiones cercanas a los US$ 14.000 millones, incluyendo proyectos de hidrógeno verde con potencial exportador. Esta cifra representa una oportunidad significativa para la modernización del parque generador nacional y la diversificación de la matriz energética.
Hacia una regulación equilibrada
El debate revela la complejidad de diseñar marcos regulatorios que equilibren múltiples objetivos: competencia, eficiencia, continuidad del servicio y accesibilidad tarifaria. La experiencia internacional sugiere que la neutralidad tecnológica y la competencia abierta son principios fundamentales para el éxito de cualquier reforma sectorial.
La definición final del reglamento será crucial para determinar si la Ley 32249 logra su objetivo de modernizar el sector eléctrico peruano o si, por el contrario, introduce nuevos riesgos sistémicos. La evidencia internacional y el análisis técnico riguroso deben guiar este proceso, priorizando el bienestar de los más de siete millones de usuarios regulados que dependen de un suministro eléctrico confiable y competitivo.