Nueva ley eléctrica: entre modernización y riesgos tarifarios
El sector eléctrico peruano atraviesa una transformación regulatoria sin precedentes con la Ley 32249, aprobada en enero de 2025, que moderniza el marco de licitaciones de suministro eléctrico. Sin embargo, la ausencia de su reglamento definitivo mantiene en vilo a un sector que debate entre las oportunidades de inversión y los riesgos para la continuidad del servicio.
El dilema de la modernización energética
La nueva normativa busca democratizar la participación de todas las tecnologías de generación disponibles, desde hidroeléctrica y térmica hasta solar, eólica y biomasa, en un mercado que históricamente ha mostrado signos de concentración. Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), más del 60% de la oferta eléctrica se concentra en cuatro empresas generadoras, mientras que dos grandes distribuidoras dominan la demanda regulada.
Esta estructura oligopólica, combinada con la ausencia de licitaciones de largo plazo durante los últimos 15 años, ha propiciado la proliferación de contratos bilaterales que mantienen precios históricamente elevados, limitando el traslado de las ganancias de eficiencia hacia los consumidores finales.
Visiones encontradas sobre el nuevo esquema
Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y socio de la consultora Gerens, advierte sobre los riesgos del diseño propuesto. Su principal preocupación radica en que el esquema de licitaciones por bloques horarios prioriza tecnologías intermitentes como la solar y eólica, que no garantizan cobertura continua durante las horas nocturnas.
"No se puede copiar un modelo de reglamentación como el chileno o el español, donde se han registrado episodios de apagones y sobrecostos tarifarios", sostiene Vásquez, quien aboga por un enfoque de neutralidad tecnológica que permita tanto ofertas por bloques horarios como por paquetes completos de 24 horas.
En contraste, Roberto Tamayo Pereyra, exdirector general de Electricidad del Minem, considera que la separación de la contratación de energía y potencia por bloques horarios constituye el principal avance de la norma. "Tal vez lo más importante del espíritu de la norma es que genera un principio de competencia", afirma, destacando que este esquema permitiría una mayor entrada de nuevos actores y una formación de precios más competitiva.
El potencial económico en juego
Las expectativas económicas son considerables. El exministro Jorge Montero estimó que la nueva legislación podría activar un mercado de proyectos de inversión cercano a los 14.000 millones de dólares, abriendo además espacios para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde con potencial exportador.
Riquet Mitma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, critica la demora en la publicación del reglamento, argumentando que genera incertidumbre financiera para desarrolladores independientes que terminan cediendo sus activos a operadores incumbentes. "Este proceso permite que los beneficios de la generación renovable de bajo costo sean capturados por los portafolios privados de los actores dominantes", advierte.
La urgencia de un marco regulatorio eficiente
El debate trasciende las consideraciones técnicas para abordar principios fundamentales del liberalismo económico: la promoción de la competencia, la eficiencia del mercado y la protección del consumidor. La ausencia del reglamento definitivo no solo genera incertidumbre jurídica, sino que perpetúa las distorsiones de un mercado que requiere mayor competencia para beneficio de más de siete millones de usuarios regulados.
La experiencia internacional demuestra que los marcos regulatorios exitosos combinan neutralidad tecnológica con mecanismos robustos de garantía de suministro. El desafío para las autoridades peruanas consiste en diseñar un reglamento que maximice los beneficios de la competencia sin comprometer la seguridad energética, estableciendo las bases para un mercado eléctrico moderno, eficiente y sostenible.