El retorno cuestionable de Pedro Ripalda al MIDIS: Un análisis de la gestión pública
La designación de Pedro Ripalda Ramírez como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) plantea interrogantes serios sobre los criterios de selección en la administración pública peruana. Esta decisión, oficializada el 11 de febrero en El Peruano, coloca a un funcionario con antecedentes controvertidos en una posición estratégica del aparato estatal.
El perfil de un nombramiento polémico
Ripalda asume la dirección del Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización, vinculado al proyecto de mejoramiento de los servicios de información del SINAFO. Según fuentes sectoriales, este cargo lo posiciona de facto como presidente ejecutivo del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), con una remuneración aproximada de S/ 15,000 mensuales.
La resolución fue firmada por Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, secretaria general del MIDIS, quien actualmente ejerce el cargo de ministra de manera interina. Intentos de contacto con la oficina correspondiente resultaron infructuosos, evidenciando una falta de transparencia preocupante.
Antecedentes que generan alarmas institucionales
El retorno de Ripalda ocurre apenas un año después de su salida del extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, donde ejerció la dirección ejecutiva entre abril y noviembre de 2024. Durante su gestión se registraron múltiples casos de intoxicación escolar por alimentos contaminados, incluyendo el caso emblemático del colegio Señor de los Milagros en Negropampa, Cajamarca, donde 36 estudiantes resultaron afectados.
Los testimonios posteriores revelan la gravedad del problema: padres de familia reportaron secuelas persistentes en sus hijos, obligándolos a recurrir a atención médica privada ante la negativa del sistema público de continuar el tratamiento.
Un historial judicial preocupante
El análisis de los antecedentes de Ripalda revela un patrón preocupante de investigaciones fiscales. Mantiene procesos abiertos en la Fiscalía Anticorrupción de Lima por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, además de investigaciones por concusión vinculada a colusión y defraudación patrimonial al Estado.
Particularmente grave resulta su registro de una denuncia por violencia familiar de marzo de 2017, donde se consignan agresiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas sobre la impunidad de sus actos.
La responsabilidad institucional en cuestión
La decisión de reincorporar a Ripalda al aparato estatal plantea interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control y la ética en la gestión pública. Su ausencia a la citación parlamentaria del 3 de diciembre de 2024, sin justificación formal, evidencia una actitud de desacato a las instituciones democráticas.
La coincidencia de antecedentes laborales entre Ripalda y la ministra Leslie Shica, ambos con experiencia compartida en EsSalud entre 2018 y 2019, sugiere la existencia de redes de influencia que trascienden los criterios meritocráticos.
Implicaciones para la política social
Este nombramiento ocurre en un contexto de crisis gubernamental, con el gobierno de José Jerí enfrentando un proceso de censura parlamentaria. La decisión de colocar a un funcionario cuestionado en un cargo clave para la focalización de políticas sociales revela una desconexión preocupante entre el discurso oficial sobre transparencia y las prácticas efectivas de gobierno.
La disolución sucesiva de Qali Warma y su reemplazo Wasi Mikuna evidencia la inestabilidad institucional que caracteriza la política social peruana, donde los cambios de denominación parecen sustituir las reformas estructurales necesarias.
Reflexiones sobre la reforma del Estado
El caso Ripalda ilustra la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de selección y evaluación en la función pública. La ausencia de filtros efectivos que impidan el retorno de funcionarios cuestionados debilita la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa ciclos de ineficiencia y corrupción.
Una gestión pública moderna y eficiente requiere criterios claros de idoneidad que trasciendan las lealtades personales y privilegien la competencia técnica y la integridad ética. El Estado peruano no puede permitirse el lujo de reciclar funcionarios cuestionados en posiciones de responsabilidad sobre recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables de la población.