El retorno de Pedro Ripalda al MIDIS: un análisis de las fallas en la gestión pública
El nombramiento de Pedro Ripalda Ramírez como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) plantea interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración pública peruana.
Un perfil controvertido en cargo estratégico
La designación, oficializada el 11 de febrero mediante resolución publicada en El Peruano, posiciona a Ripalda como presidente ejecutivo del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), con una remuneración mensual de aproximadamente S/ 15,000. Esta decisión resulta particularmente llamativa considerando su historial reciente.
Entre abril y noviembre de 2024, Ripalda dirigió el extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, periodo marcado por múltiples casos de intoxicación escolar vinculados a alimentos contaminados. El caso más emblemático ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando 36 escolares presentaron síntomas tras consumir productos de Frigoinca, empresa proveedora del programa.
Evasión de responsabilidades institucionales
La gestión de Ripalda se caracterizó por una notable falta de rendición de cuentas. Citado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el 3 de diciembre de 2024 para explicar las intoxicaciones y presuntos vínculos contractuales irregulares, no asistió sin justificación formal.
Su renuncia, presentada el 28 de noviembre de 2024, incluyó denuncias sobre irregularidades internas y prácticas que calificó como "delictivas contra población vulnerable". Sin embargo, esta aparente postura ética contrasta con su regreso inmediato al sector público.
Antecedentes judiciales preocupantes
El análisis del perfil de Ripalda revela múltiples investigaciones fiscales en curso. En el sistema anticorrupción mantiene procesos por presunta negociación incompatible (desde noviembre 2021), concusión vinculada a colusión (desde septiembre 2023) y un caso adicional de concusión (marzo 2025).
Adicionalmente, registra antecedentes en la fiscalía común por lesiones culposas (2012) y exposición peligrosa (2020), así como una denuncia por violencia familiar (2017) que incluye testimonios de agresión física y psicológica.
Vínculos profesionales cuestionables
La designación cobra mayor relevancia al considerar los antecedentes laborales compartidos entre Ripalda y la actual ministra Leslie Shica, quienes coincidieron en EsSalud entre 2018 y 2019. Esta conexión previa plantea interrogantes sobre los criterios de selección utilizados.
Implicaciones para la gobernanza
Este caso ilustra deficiencias estructurales en el sistema de nombramientos públicos. La ausencia de filtros efectivos permite que funcionarios con antecedentes controvertidos accedan a posiciones estratégicas en programas sociales destinados a poblaciones vulnerables.
La situación se agrava en el contexto actual, donde el gobierno de José Jerí enfrenta una crisis de legitimidad con el Congreso evaluando su censura o vacancia. En este escenario, decisiones como el nombramiento de Ripalda erosionan aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Necesidad de reformas institucionales
El retorno de Ripalda al MIDIS evidencia la urgencia de implementar mecanismos más rigurosos de evaluación y seguimiento de funcionarios públicos. La modernización del Estado requiere sistemas de selección basados en mérito técnico y antecedentes impecables, especialmente en sectores sensibles como la inclusión social.
La sociedad civil y los organismos de control deben mantener vigilancia activa sobre este tipo de designaciones, exigiendo transparencia y accountability en todos los niveles de la administración pública. Solo así se podrá avanzar hacia una gobernanza verdaderamente eficiente y ética.