La reforma de la PNP: ¿un paso hacia la eficacia o una puerta a la discrecionalidad política?
El Congreso peruano ha recibido una nueva propuesta legislativa que busca reformar el marco legal que protege la estabilidad del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). La iniciativa, presentada por la diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú, modificaría el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y otorgaría a la presidenta Keiko Fujimori la facultad de cesar al general Óscar Arriola antes de completar su mandato de dos años.
El proyecto introduce una causal adicional de cese: la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad para el ejercicio del cargo. Esta se sustentaría en cuatro supuestos específicos, todos orientados a garantizar la eficacia operativa y la institucionalidad de la fuerza policial.
¿Qué cambios plantea el proyecto de ley?
La propuesta legislativa amplía las seis causales de cese establecidas en la Ley 31570, aprobada en 2022, con una séptima: la pérdida de idoneidad. Los cuatro supuestos que la definirían son:
- Afectación grave de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable.
- Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior.
- Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la institución.
- Actos u omisiones que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la PNP.
El proyecto exige que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito, un mecanismo que busca garantizar la transparencia y el debido proceso.
¿Por qué se presenta esta iniciativa?
El sustento del proyecto se basa en las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que registró 2.218 asesinatos en 2025, frente a los 2.083 de 2024 y los 1.511 de 2023. Esto representa un promedio de 6,07 homicidios diarios, con Lima como la región más afectada, seguida de La Libertad, Callao, Piura e Ica. El propio texto señala que, en los primeros 26 días del gobierno de Fujimori, se contabilizaron 134 homicidios, la mayoría en Lima y Callao.
La seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo, que enfrenta presión por los resultados. Sin embargo, la propuesta no es un hecho aislado: antes de esta, el excongresista Roberto Chiabra presentó en 2022 el PL 2763/2022-CR, aún pendiente de dictamen en la Comisión de Defensa, y la excongresista Susel Paredes registró en enero de 2026 el PL 13864/2025-CR con un enfoque similar. Además, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció el 21 de agosto ante el Pleno del Congreso que el Ejecutivo prepararía su propia iniciativa para modificar la misma norma.
¿Cuál es el contexto legal actual?
El artículo 8 vigente, modificado por la Ley 31570 en 2022, protege al comandante general de la PNP durante sus dos años de mandato, permitiendo su cese solo por seis causales taxativas: muerte, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o comisión de delito flagrante. Esta norma, aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, mantiene a Óscar Arriola en el cargo hasta septiembre de 2027.
El propio ministro Astudillo admitió el 22 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo carece de margen legal para relevar a Arriola antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las críticas por el manejo de la seguridad interna. Esta limitación ha generado un debate sobre la necesidad de reformar el marco legal para permitir una mayor flexibilidad en la gestión de la cúpula policial.
¿Qué implicaciones tiene esta reforma para la gobernanza?
Desde una perspectiva liberal, la propuesta plantea un dilema fundamental: por un lado, la necesidad de garantizar la eficacia y la rendición de cuentas en la gestión pública; por otro, el riesgo de que la discrecionalidad política se imponga sobre la estabilidad institucional. La clave está en el diseño de mecanismos que permitan evaluar el desempeño sin caer en la arbitrariedad.
La inclusión de supuestos objetivos y verificables, así como la exigencia de informes técnicos del Ministerio del Interior, apunta en la dirección correcta. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que las reformas en este ámbito deben acompañarse de controles institucionales sólidos para evitar que la herramienta se convierta en un instrumento de presión política.
¿Qué sigue para el proyecto de ley?
La iniciativa de Palomino deberá ser evaluada en la Comisión de Defensa del Congreso, donde ya reposan otras propuestas similares. El debate parlamentario será crucial para determinar si el proyecto se aprueba en su forma original o si se introducen modificaciones que equilibren la flexibilidad con la protección institucional.
En un contexto de crisis de seguridad, la reforma de la PNP es una necesidad ineludible. Pero la forma en que se implemente determinará si el Perú avanza hacia una gestión policial más eficiente o si, por el contrario, se abre la puerta a la politización de la institución. El reto para el Congreso y el Ejecutivo es encontrar el punto de equilibrio entre la urgencia de resultados y la solidez de las instituciones.
Preguntas frecuentes sobre la reforma de la PNP
¿Qué es el Decreto Legislativo 1267?
Es la norma que regula el régimen disciplinario y las causales de cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú. Su artículo 8 establece las condiciones bajo las cuales se puede cesar al titular de la institución antes de completar su mandato.
¿Cuánto tiempo lleva Óscar Arriola en el cargo?
Arriola asumió la comandancia general de la PNP en septiembre de 2025, bajo la protección de la Ley 31570, que le garantiza un mandato de dos años, es decir, hasta septiembre de 2027.
¿Cuál es la principal crítica a la propuesta?
La principal preocupación es que la nueva causal de cese, basada en la pérdida de idoneidad, podría ser utilizada con fines políticos si no se establecen criterios objetivos y verificables de manera rigurosa. La propuesta intenta mitigar este riesgo al exigir informes técnicos y comunicación personal del motivo del cese.
¿Qué otras iniciativas similares existen?
Además del proyecto de Palomino, están pendientes el PL 2763/2022-CR de Roberto Chiabra y el PL 13864/2025-CR de Susel Paredes. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, también ha anunciado que prepara su propia propuesta de reforma.