La irresponsabilidad fiscal del Congreso: proyectos de ley amenazan con costar S/21,000 millones al Estado
El Congreso peruano enfrenta una nueva crisis de responsabilidad fiscal. En el último mes, los parlamentarios han presentado 16 iniciativas legislativas orientadas exclusivamente a incrementar salarios en el sector público, evidenciando una preocupante desconexión entre la retórica política y la realidad económica del país.
Un panorama fiscal alarmante
Según el Consejo Fiscal, 229 leyes aprobadas entre 2021 y octubre de 2025 han generado efectos fiscales adversos por más de S/35,000 millones. Esta cifra, por sí sola, refleja la magnitud de la irresponsabilidad legislativa que caracteriza al actual período parlamentario.
Pero la situación empeora. De las 352 iniciativas pendientes de debate, siete dictámenes particularmente costosos podrían incrementar el gasto público en aproximadamente S/21,000 millones adicionales, concentrados principalmente en mejoras remunerativas y aumentos pensionarios para el sector público.
La paradoja del Tribunal Constitucional
La ironía alcanza niveles preocupantes cuando observamos que los magistrados del Tribunal Constitucional, la institución llamada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de estas medidas, recibirán desde diciembre incrementos salariales de hasta S/10,000. Esta situación plantea serias dudas sobre la independencia institucional y la coherencia del sistema de pesos y contrapesos.
Como señaló el economista Alonso Segura, "el segundo mejor escenario sería que el Tribunal Constitucional se pronuncie nuevamente, a raíz de una nueva demanda". Sin embargo, este mecanismo de control se ve comprometido por los propios intereses económicos de quienes deben ejercerlo.
El caso emblemático de la Junta Nacional de Justicia
El 5 de noviembre se conoció que los miembros de la Junta Nacional de Justicia buscaban elevar su remuneración mensual de S/35,000 a S/42,000, argumentando una supuesta homologación con los sueldos de los jueces supremos. El parlamentario Américo Gonza, de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley 12954/2025-CR para materializar esta propuesta.
Aunque el proyecto aseguraba "no demandar recursos adicionales al Tesoro Público", incluía disposiciones que exoneraban a la JNJ de los topes y restricciones presupuestales vigentes. La presión pública obligó a retirar la iniciativa el 10 de noviembre, pero el episodio ilustra la cultura de privilegios que permea las instituciones públicas.
Análisis de responsabilidades partidarias
Una investigación detallada revela que las diez leyes con mayor costo fiscal identificadas por el Consejo Fiscal tienen como principales promotores a Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú. Esta distribución trasciende las diferencias ideológicas tradicionales, sugiriendo que el populismo fiscal es un denominador común en el espectro político peruano.
Los sectores más afectados por estas propuestas son educación, salud, justicia y administración pública, precisamente aquellos donde la eficiencia del gasto debería ser prioritaria sobre los incrementos automáticos de remuneraciones.
La respuesta del Ejecutivo: demasiado poco, demasiado tarde
El Decreto de Urgencia N.º 008-2025, emitido el 6 de noviembre, establece medidas de austeridad que incluyen la prohibición de nuevas transferencias financieras y limitaciones en gastos de consultorías, publicidad y eventos. Su objetivo es cumplir la meta fiscal del 2,2% del PBI para 2025.
Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. La norma tiene vigencia solo hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que sugiere una visión de corto plazo que no aborda las causas estructurales del descontrol fiscal.
Implicaciones para la gobernanza económica
El Consejo Fiscal subraya que la mayoría de estos dictámenes incrementan el gasto corriente de manera permanente, generando rigideces presupuestales y presiones de homologación salarial entre entidades. Esta dinámica compromete la capacidad del Estado para responder a crisis futuras y limita el espacio fiscal necesario para inversiones productivas.
La situación actual evidencia la necesidad urgente de reformas institucionales que fortalezcan los mecanismos de control fiscal y establezcan incentivos adecuados para una legislación responsable. Sin estos cambios estructurales, el Perú continuará en una espiral de deterioro fiscal que compromete su estabilidad macroeconómica y sus perspectivas de desarrollo sostenible.