Geopolítica caribeña: análisis de la estrategia estadounidense en la Operación Lanza del Sur
La Operación Lanza del Sur, implementada por la administración Trump, representa un caso paradigmático de cómo las dinámicas geopolíticas regionales se articulan a través de alianzas estratégicas y consideraciones económicas pragmáticas. Este despliegue militar estadounidense en el Caribe merece un análisis riguroso desde la perspectiva de la gobernanza regional y sus implicaciones para el equilibrio institucional.
Marco estratégico y racionalidad geopolítica
La arquitectura operacional de esta iniciativa revela la complejidad inherente a las relaciones interestatales en un contexto de tensiones crecientes. Según Evan Ellis, experto del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, "es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo".
Esta colaboración evidencia una racionalidad económica subyacente que merece consideración. Los países participantes evalúan costos y beneficios en términos de acceso preferencial a mercados, flujos turísticos y cooperación en materia de seguridad.
Análisis de los actores regionales
Reino de los Países Bajos: posición estratégica
Las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, ubicadas a solo 80 kilómetros de las costas venezolanas, constituyen un activo geopolítico de primer orden. Estados Unidos mantiene presencia militar con una base de operaciones avanzada en Curazao y otra en Aruba, oficialmente destinadas a la detección de actividades vinculadas al narcotráfico.
La necesidad de aval del gobierno neerlandés para operaciones ofensivas ilustra las limitaciones institucionales que caracterizan estas alianzas, un elemento crucial para comprender la moderación operacional observada.
Trinidad y Tobago: vulnerabilidad geográfica y cooperación pragmática
La proximidad de estas islas a Venezuela (11 kilómetros) las ha convertido en receptoras tanto de flujos migratorios masivos como de actividades de redes criminales transnacionales. La respuesta gubernamental, que incluye la presencia de marines estadounidenses en el aeropuerto de Tobago y mejoras en infraestructura de radar, refleja una aproximación pragmática a los desafíos de seguridad regional.
República Dominicana: alineamiento estratégico
El gobierno de Luis Abinader ha adoptado la postura más explícita de respaldo logístico, firmando acuerdos que permiten el uso militar de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Esta decisión se enmarca en una lógica de interdependencia económica, considerando los beneficios del turismo estadounidense y el acceso preferencial mediante el tratado CAFTA-DR.
Consideraciones sobre eficiencia institucional
La reactivación de la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, con pistas ampliadas para aeronaves C-17 Globemaster y despliegue de cazas F-35, demuestra la capacidad de adaptación institucional estadounidense. La delimitación de zonas de vuelo restringido hasta marzo de 2026 evidencia una planificación a mediano plazo que trasciende consideraciones electorales inmediatas.
Implicaciones para la gobernanza regional
Las declaraciones de Trump sobre no descartar un conflicto armado generan incertidumbre regulatoria que afecta la estabilidad regional. La amenaza de Diosdado Cabello de interrumpir completamente las exportaciones petroleras a Estados Unidos ilustra cómo las tensiones geopolíticas pueden impactar los mercados energéticos.
Desde una perspectiva liberal, resulta preocupante que estas dinámicas puedan erosionar el marco institucional que sustenta la cooperación regional y el libre intercambio comercial.
Reflexiones finales
La Operación Lanza del Sur representa un test para la capacidad de las instituciones regionales de mantener el equilibrio entre consideraciones de seguridad y preservación del orden económico liberal. La moderación mostrada por los aliados caribeños, evitando ser utilizados como bases para ataques ofensivos, sugiere una comprensión madura de los riesgos asociados a la escalada.
El desafío consiste en canalizar estas tensiones a través de mecanismos institucionales que privilegien la negociación y el diálogo, preservando tanto la estabilidad regional como los beneficios de la integración económica.