Facultades legislativas: el Congreso busca un equilibrio entre eficiencia y control constitucional
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha decidido pasar a un cuarto intermedio sin votar la recomendación de archivar la solicitud de delegación de facultades presentada por el Poder Ejecutivo. La decisión responde a la presentación de tres textos sustitutorios que buscan acotar el pedido original a materias prioritarias, en un intento por encontrar un punto de equilibrio entre la eficiencia gubernamental y el respeto al marco constitucional.
¿Qué propone cada bancada para acotar la delegación de facultades?
Las tres propuestas presentadas representan un espectro de posiciones dentro del arco parlamentario. El Partido del Buen Gobierno plantea limitar la delegación a dos materias: seguridad ciudadana y atención al Fenómeno del Niño. Obras, por su parte, amplía el espectro a cinco áreas que incluyen materia penal, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio. Renovación Popular presenta la alternativa más extensa con diez materias, que abarcan desde la gestión del riesgo de desastres hasta la modernización de la gestión pública.
Esta pluralidad de propuestas evidencia la complejidad del debate: la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas ágiles para gobernar, frente a la obligación del Parlamento de preservar sus competencias y los estándares constitucionales.
Los argumentos técnicos contra el pedido original del Ejecutivo
La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, expuso con detalle las razones técnicas que sustentan el rechazo a las 66 materias solicitadas. Su análisis identificó vulneraciones a la Constitución, invasión de competencias parlamentarias y duplicidad normativa en diversos puntos del pedido.
En materia laboral, la advertencia es particularmente relevante: la propuesta debilitaría la protección ante despidos en la dirección pública y no atendería la informalidad de las MYPE, que alcanzó un 88,5% en 2025.
“No creemos que vaya a ayudar a mejorar la informalidad que tenemos actualmente en las medianas y pequeñas empresas, la cual se ha mantenido invariable en el tiempo, pasando de un 91,7 por ciento en el 2025 a un 88,5 por ciento del 2005 al 2025”, sostuvo Avendaño.
La comisión también observó riesgos en materia ambiental: la exploración hidrocarburífera en Áreas Naturales Protegidas contravendría el Convenio 169 de la OIT y las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sobre las actividades de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas [...] pretende modificar la ley de áreas naturales protegidas y la ley PIACI, que protege a los pueblos indígenas, que trae, vamos a decirlo así, un riesgo a la violación de estándares internacionales que los protege y que están señalados en el convenio 169 de la OIT y también lo ha señalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En el sector eléctrico, se identificaron riesgos de integración vertical que afectarían las tarifas finales. A ello se suman la ausencia de análisis económico en el eje tributario, los potenciales incrementos en las tarifas de SEDAPAL y el peligro de permitir que los certificados de Defensa Civil (ITSE) no tengan fecha de vencimiento.
“Sobre los certificados de defensa civil, los certificados ITSE, tampoco hay una justificación de reducción de cargas ni compatibilidad con la seguridad de las personas [...] se plantea que estos certificados duren mucho más tiempo, inclusive sea indefinido. Aquí ciertamente existe un riesgo de vulnerabilidad de los inmuebles y más aún es un riesgo que nosotros deberíamos evaluar y ponderar adecuadamente”.
La conclusión de Avendaño fue contundente:
“Se puede otorgar facultades al Poder Ejecutivo, pero estas no tienen que ser extensas, ni un número grande ni indeterminado: tiene que ser muy preciso y en este caso hemos visto que el pedido excede estas consideraciones. (...) Por las consideraciones que se han expuesto, la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y llevar al archivo la proposición legislativa”.
El debate político: tensiones entre oficialismo y oposición
La sesión no estuvo exenta de tensiones. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó las propuestas laborales y ambientales del Gobierno, advirtiendo que la iniciativa equivaldría a restituir esquemas como la “Ley Pulpín” que precarizan el trabajo. También rechazó la aprobación automática de estudios ambientales:
“Plantean que les demos facultades a este gobierno para aplicar el llamado 'silencio administrativo' a los instrumentos de estudio e impacto ambiental, los únicos instrumentos que tenemos en nuestro país para que por lo menos se haga una regulación en los proyectos de inversión y no tengamos que padecer los ciudadanos de contaminación ambiental”.
El intercambio más agudo se produjo entre Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, y Flor Meza, de Fuerza Popular, quien acusó a su colega de asistir a la comisión solo para grabar videos para TikTok. Alayza respondió cuestionando el ausentismo y la falta de producción legislativa del oficialismo, y rechazó las advertencias del Ejecutivo sobre la “paciencia republicana”:
“Paciencia es lo que los peruanos vienen teniendo desde que estos últimos diez años han visto a Keiko Fujimori actuar. [...] La presidenta Fujimori tuvo el atrevimiento de decir, en el tono más prepotente de todos, que el Congreso está poniendo a prueba su paciencia por la demora de cuatro semanas en aprobar el pedido de facultades”.
El diputado Fernando García, también del Buen Gobierno, se sumó a las críticas contra el tono del Gabinete, sosteniendo que la política exige diálogo y confianza, no discursos autoritarios ni amenazas que recuerden periodos oscuros del país.
Desde el oficialismo, los diputados de Fuerza Popular reclamaron celeridad. Arturo Alegría pidió aprobar la delegación en materia de ayuda humanitaria e INDECI, mientras que Arturo Columbus señaló que existen los votos para autorizar de manera estricta los puntos sobre seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño.
¿Cuál es la ruta hacia un consenso?
Tras el cuarto intermedio, las bancadas de Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación se reunieron en la oficina de Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados. Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, explicó la estrategia:
“Hemos tenido una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados y hemos estado las cuatro fuerzas: Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación. (...) Hemos querido que cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades. Se van a coordinar y sumar, y hay un plazo máximo que es el viernes”.
Este proceso de negociación refleja una dinámica parlamentaria saludable: la búsqueda de consensos a través del diálogo y la presentación de propuestas técnicas, en lugar de la imposición de mayorías automáticas. La pregunta de fondo es si el Ejecutivo estará dispuesto a aceptar un mandato acotado y preciso, o si insistirá en un paquete amplio que el Congreso, con sólidos argumentos técnicos, considera excesivo.
Preguntas frecuentes sobre la delegación de facultades
¿Qué es la delegación de facultades legislativas?
Es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a legislar sobre materias específicas por un periodo determinado. La Constitución exige que la delegación sea precisa y acotada, no amplia ni indeterminada.
¿Por qué el Congreso rechaza el pedido original del Ejecutivo?
La Comisión de Constitución identificó que las 66 materias solicitadas vulneran la Constitución, invaden competencias del Parlamento, incurren en duplicidad normativa y presentan riesgos en materia laboral, ambiental y de seguridad.
¿Cuál es el siguiente paso en el proceso?
Las cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio unificado antes del viernes. Si no se alcanza un consenso, la comisión podría ratificar la recomendación de archivar el pedido.