La reciente exhibición de tres helicópteros de fabricación rusa en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) en Arequipa, el pasado 12 de septiembre, ha destapado un preocupante caso de gestión pública que merece un análisis más profundo. Las autoridades militares, lejos de ofrecer transparencia, restringieron el acceso a la prensa local, un gesto que contradice los principios de una gobernanza abierta y rinde cuentas ante la ciudadanía.
¿Por qué es relevante este caso para el debate liberal?
Para quienes defendemos la eficiencia del Estado y el imperio de la ley, este episodio es un ejemplo paradigmático de cómo las malas prácticas contractuales y el clientelismo pueden socavar la confianza en las instituciones. La pregunta no es solo por qué los helicópteros no estuvieron listos para un operativo de emergencia humanitaria, sino cómo es posible que un contrato público se maneje con tal nivel de discrecionalidad y opacidad.
El bloqueo de la Panamericana Sur en agosto, que dejó a cientos de pasajeros varados y provocó la muerte de un paciente por falta de atención médica oportuna, subraya el costo real de la ineficiencia estatal. No hablamos de un simple retraso burocrático; hablamos de vidas humanas afectadas por la incapacidad logística del Estado.
El laberinto contractual: de la promesa al incumplimiento sistemático
Los hechos son contundentes. El contrato con la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la estatal rusa NASC, se firmó en noviembre de 2023 con un plazo de entrega para agosto de 2024. No se cumplió. Tras prórrogas y una cancelación en diciembre de 2025, el comandante general del Ejército, general Oswaldo Calle, decidió revivir el contrato en abril de este año, otorgando 135 días adicionales. Tampoco se cumplió.
La defensa del abogado Arturo Dueñas, atribuyendo los retrasos al conflicto entre Rusia y Ucrania, es comprensible desde la óptica de la contratista, pero no exime de responsabilidad a quienes debieron prever estos riesgos o, en su defecto, ejecutar las garantías contractuales. La gestión de riesgos es una función básica de cualquier administrador competente, y más aún en el sector defensa.
Conflicto de intereses y la sombra de la corrupción
El aspecto más inquietante es que el general Calle tomó esta decisión mientras era investigado por la Fiscalía por su participación en la contratación original sin licitación y por un monto sobrevalorado. Esta superposición de roles, primero como jefe del Comando Logístico y luego como comandante general, plantea serias dudas sobre la independencia de las decisiones institucionales y la existencia de un posible conflicto de intereses.
Desde una perspectiva liberal, la defensa del estado de derecho exige que los funcionarios públicos actúen con total transparencia y que las decisiones contractuales se tomen bajo criterios técnicos y de mercado, no por favores personales o presiones políticas. La investigación fiscal debe continuar y, si se confirman las irregularidades, las sanciones deben ser ejemplares.
¿Qué reformas se necesitan para evitar estos casos?
Este caso evidencia la necesidad de una reforma profunda del sistema de contratación pública en el Perú. Se requieren mecanismos más ágiles y transparentes, con una supervisión independiente y efectiva. La creación de una agencia especializada en la gestión de proyectos de defensa, con personal técnico altamente calificado y sujeta a auditorías externas periódicas, sería un paso en la dirección correcta.
Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. La restricción del acceso a la prensa es inaceptable en una democracia. La información sobre la gestión pública, especialmente en áreas sensibles como la defensa, debe ser de acceso público, salvo excepciones claramente justificadas por la seguridad nacional.
Conclusión: La modernización del Estado es una urgencia
El caso de los helicópteros en el CEMAE no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema sistémico: la captura del Estado por intereses particulares y la falta de una cultura de eficiencia y transparencia. Para los liberales, la modernización del Estado no es un lujo, sino una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.
La independencia de las instituciones, la defensa del estado de derecho y la promoción de una gestión pública eficiente son pilares de una sociedad libre y próspera. Este episodio debe servir como un llamado de atención para impulsar las reformas que el Perú necesita, no solo en el sector defensa, sino en toda la administración pública. La ciudadanía merece un Estado que funcione, que rinda cuentas y que ponga los intereses generales por encima de los particulares.