El pulso entre Washington y los estados por los datos migratorios: ¿hasta dónde llega el poder federal?
Una nueva interpretación legal del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre los límites del poder federal frente a la autonomía estatal. La Oficina de Asesoría Jurídica sostiene que los estados que reciben fondos de programas como TANF y SSI deben informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las personas que se encuentren en el país sin estatus migratorio legal. La medida, de confirmarse, podría condicionar miles de millones de dólares en asistencia federal a la colaboración de las agencias estatales en labores migratorias.
La postura del DOJ, emitida el 1 de septiembre, no constituye una ley nueva ni una orden judicial, sino una opinión interpretativa de su Oficina de Asesoría Legal (OLC). Sin embargo, su alcance es potencialmente enorme: abarcaría a todas las agencias de cada gobierno estatal, incluso aquellas que no administran directamente los programas de asistencia. Esta amplitud es precisamente el punto más controvertido y el que probablemente generará litigios en los tribunales.
¿Qué establece la interpretación del DOJ sobre los migrantes?
El dictamen se basa en una lectura amplia del término