Análisis de la desinformación sobre la clasificación de personas transgénero en el Perú
Un análisis riguroso de las políticas públicas sanitarias revela la necesidad de combatir la desinformación que circula en redes sociales sobre la clasificación de identidades de género en el sistema de salud peruano.
Los hechos verificados
El 25 de junio de 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) rectificó su postura sobre la clasificación de las identidades de género, eliminando términos discriminatorios de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10) y adoptando un enfoque técnicamente más apropiado.
Esta rectificación se produjo tras la controversia generada por un decreto supremo del 14 de mayo de 2024 que había clasificado incorrectamente las identidades transgénero como trastornos mentales, decisión que fue posteriormente corregida debido a presiones técnicas e internacionales.
El contexto de desinformación
En redes sociales circula contenido viral que afirma falsamente que el Perú mantiene en 2025 la clasificación de personas transgénero como "enfermas mentales". Esta narrativa ha alcanzado más de 478,000 reacciones en Facebook, evidenciando el impacto de la desinformación en el debate público.
Las nuevas clasificaciones técnicas
Según la documentación oficial del Minsa, las nuevas disposiciones de diagnóstico incluyen terminología más precisa: "discordancia de género en la adolescencia o adultez", "discordancia de género en la infancia", "discordancia de género sin especificación" y "asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual".
Implicaciones para las políticas públicas
Este caso ilustra la importancia de mantener estándares técnicos rigurosos en las políticas públicas sanitarias y la necesidad de combatir la desinformación que distorsiona el debate sobre derechos fundamentales y políticas de salud pública.
La rectificación del Minsa demuestra que las instituciones pueden corregir errores cuando se aplican criterios técnicos apropiados, aunque persisten desafíos en la implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en evidencia científica.