El caso Acuña: cuando la transparencia electoral revela responsabilidades familiares judicializadas
El reciente comunicado de Alianza para el Progreso (APP) sobre las obligaciones alimentarias de su candidato presidencial César Acuña plantea interrogantes relevantes sobre la coherencia entre el discurso político y la conducta personal de quienes aspiran a la máxima magistratura del país.
La transparencia como obligación institucional
Según el partido, Acuña declaró de forma transparente en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones que cumple una sentencia judicial confirmada. Esta declaración, lejos de ser un acto de transparencia voluntaria, constituye una obligación legal que todos los candidatos deben cumplir.
La información registrada revela que se trata de una sentencia confirmada en un proceso de alimentos, lo que implica que la madre del menor tuvo que recurrir al Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de esta obligación fundamental.
Análisis jurídico del proceso
El hecho de que la sentencia fuera confirmada tras una apelación del candidato sugiere que inicialmente se resistió al cumplimiento de sus responsabilidades paternas. Como señalan especialistas en derecho de familia consultadas, si hubiera existido voluntad de cumplimiento, no habría sido necesaria la intervención judicial.
Esta situación cobra particular relevancia cuando se considera que Acuña reporta ingresos por 9,8 millones de soles, lo que hace aún más cuestionable la necesidad de judicializar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Implicaciones para la gobernanza
Desde una perspectiva liberal, la capacidad de un candidato para asumir responsabilidades básicas en el ámbito privado constituye un indicador relevante de su aptitud para ejercer responsabilidades públicas. El cumplimiento voluntario de obligaciones familiares refleja principios de responsabilidad individual que son fundamentales en una sociedad libre y ordenada.
La existencia de denuncias por violencia familiar archivadas, aunque no confirmadas, añade complejidad al análisis. La transparencia institucional exige que estos antecedentes sean evaluados por la ciudadanía con la información completa disponible.
Reflexiones sobre liderazgo y responsabilidad
El caso ilustra la importancia de que los candidatos a cargos públicos demuestren coherencia entre sus compromisos privados y su capacidad de liderazgo. En una democracia madura, la ciudadanía tiene derecho a evaluar no solo las propuestas políticas, sino también la integridad personal de quienes aspiran a representarla.
La defensa de APP, aunque comprensible desde una perspectiva política, no logra explicar satisfactoriamente por qué fue necesaria la intervención judicial para garantizar el cumplimiento de una obligación que debería ser asumida voluntariamente por cualquier padre responsable.