El caso Acuña: cuando el mandato judicial suple la responsabilidad personal
El reciente comunicado de Alianza para el Progreso (APP) sobre la situación familiar de César Acuña plantea interrogantes que trascienden lo personal y alcanzan dimensiones de gobernanza y responsabilidad pública. La defensa partidaria, aunque comprensible desde la perspectiva electoral, revela contradicciones que merecen análisis riguroso.
La transparencia como requisito democrático
Acuña cumplió formalmente con la obligación de declarar ante el Jurado Nacional de Elecciones una sentencia judicial confirmada por alimentos. Esta transparencia, exigida por ley, constituye un avance institucional que permite a los ciudadanos evaluar integralmente a sus candidatos.
Sin embargo, el comunicado de APP genera una paradoja: afirma que "el candidato presidencial siempre ha cumplido con el pago de los alimentos", cuando la propia existencia de un proceso judicial sugiere lo contrario. Como señalan especialistas en derecho familiar, la demanda judicial surge precisamente cuando la obligación no se cumple voluntariamente.
Responsabilidad personal versus mandato institucional
La distinción entre cumplir por convicción personal y hacerlo por imposición judicial no es meramente técnica. Revela patrones de comportamiento que, en un candidato presidencial, adquieren relevancia pública. Un líder que requiere compulsión legal para cumplir obligaciones básicas plantea interrogantes sobre su capacidad de autorregulación y compromiso ético.
El hecho de que Acuña haya apelado la decisión inicial demuestra resistencia activa al cumplimiento, no simple desconocimiento o error administrativo. Esta actitud contrasta con el perfil de liderazgo responsable que demanda la función presidencial.
Las instituciones como garantes del orden social
El caso ilustra, paradójicamente, la fortaleza del sistema judicial peruano. La confirmación de la sentencia en segunda instancia demuestra que las instituciones funcionan independientemente del poder económico o político del demandado. Acuña, con ingresos declarados de S/9,8 millones, no pudo eludir su responsabilidad mediante recursos o influencias.
Esta efectividad institucional debe celebrarse, aunque preocupa que sea necesaria para casos que deberían resolverse por responsabilidad personal básica.
Denuncias adicionales: un patrón preocupante
Las cuatro denuncias policiales por violencia familiar formuladas por Jenny Gutiérrez Vaisman, aunque según APP fueron archivadas, configuran un contexto que no puede ignorarse. La existencia de un expediente en el Ministerio Público con dictamen por maltrato psicológico contradice las afirmaciones de archivo total.
La negativa del abogado de Acuña a proporcionar documentación probatoria, tras prometerla, debilita la credibilidad de estas afirmaciones y sugiere opacidad en un momento que demanda transparencia absoluta.
Implicaciones para la gobernanza democrática
Un candidato presidencial debe demostrar capacidad de autorregulación, cumplimiento voluntario de obligaciones y respeto por las instituciones. El patrón revelado por este caso sugiere dependencia del control externo para el cumplimiento de responsabilidades básicas.
En un país que busca fortalecer sus instituciones y combatir la cultura del incumplimiento, resulta contradictorio elegir líderes que ejemplifican precisamente estos problemas estructurales.
La responsabilidad del electorado informado
La información disponible no busca generar rechazo emocional sino proporcionar elementos para una decisión electoral informada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo sus candidatos manejan responsabilidades personales, pues esto anticipa su desempeño en responsabilidades públicas.
La democracia liberal requiere ciudadanos capaces de evaluar racionalmente a sus representantes, más allá de promesas electorales o lealtades partidarias. Este caso proporciona información valiosa para ese ejercicio democrático esencial.