Once muertos en Gaza revelan la fragilidad de la tregua con Israel
Al menos once personas han muerto en la Franja de Gaza por ataques aéreos israelíes, pese a la tregua formalmente vigente desde octubre. Entre las víctimas figuran un periodista de Al Jazeera y cuatro miembros de una misma familia, lo que reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de alto el fuego y la protección de civiles en zonas de conflicto.
¿Qué ocurrió en los ataques del viernes y sábado en Gaza?
Las fuentes médicas en Gaza confirmaron este sábado un saldo de once muertos en varios ataques israelíes. En un bombardeo sobre el campamento de refugiados de Bureij, en la zona central del territorio, falleció Ahmed Wishah, camarógrafo de la cadena Al Jazeera. La Defensa Civil, organismo que opera bajo la autoridad de Hamás, reportó dos víctimas adicionales en ese mismo ataque.
Horas antes, en la noche del viernes al sábado, un ataque contra un edificio en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, causó la muerte de cuatro miembros de la familia Al-Safadi: ambos padres y sus dos hijas. Doce personas más resultaron heridas. El hospital Al Shifa confirmó haber recibido los cuatro cuerpos y atendió a otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.
Tres personas adicionales murieron en ataques israelíes separados registrados el sábado, según la Defensa Civil.
¿Por qué la muerte del periodista de Al Jazeera genera un debate institucional?
Al Jazeera calificó la muerte de Ahmed Wishah como un «asesinato deliberado» y señaló que es el duodécimo trabajador de la cadena asesinado en Gaza desde octubre de 2023. Por su parte, el ejército israelí declaró a la AFP que Wishah era «un terrorista de Hamás», aunque no proporcionó pruebas inmediatas que respaldaran esa acusación.
La ausencia de evidencia pública sobre la supuesta vinculación del periodista con Hamás plantea interrogantes sobre las garantías para la prensa en zonas de conflicto y sobre la proporcionalidad de los ataques selectivos. La libertad de información y la seguridad de los profesionales de los medios son pilares del Estado de derecho, incluso en escenarios de seguridad complejos.
¿Cuál es el balance de la tregua vigente desde octubre?
La tregua entre Israel y Hamás, en vigor desde octubre, no ha impedido la continuación de los ataques. Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio del alto el fuego. Israel, por su parte, reporta cinco soldados muertos en ese mismo periodo. Ambas partes se acusan mutuamente casi a diario de violar el acuerdo.
Estas cifras evidencian la desconexión entre la declaración formal de una tregua y su implementación efectiva sobre el terreno. Cuando los mecanismos de verificación y las garantías institucionales son inexistentes, los acuerdos de alto el fuego se convierten en herramientas políticas sin capacidad real de proteger a la población civil.
Las voces de los civiles afectados
Nael al-Safadi, familiar de las víctimas del ataque en Sabra, relató a la prensa que sus primos dormían cuando un misil impactó la vivienda. «No tienen ninguna relación con Hamás, ni están involucrados en nada. Son sólo niños inocentes», afirmó.
Mohammad al Safadi, que sobrevivió al bombardeo, cuestionó la lógica del ataque: «Soy un civil. Juro por Dios que nunca he llevado un arma ni he disparado una. ¿Qué quieren de mí? Vayan tras quien tengan que ir, ¿qué culpa tengo yo en todo esto?».
Imágenes de la AFP mostraron el interior del apartamento destruido, con escombros, ropa y colchones esparcidos entre los restos del muro exterior impactado.
¿Puede una tregua sin supervisión institucional proteger a los civiles?
La experiencia reciente en Gaza sugiere que no. Un alto el fuego requiere mecanismos de monitoreo independientes, reglas de enfrentamiento claras y rendición de cuentas por las violaciones. Sin estos elementos, la tregua funciona como un instrumento retórico que no modifica sustancialmente la dinámica del conflicto ni reduce el costo humano sobre la población no combatiente.
La defensa de las libertades individuales y del Estado de derecho exige que cualquier acuerdo de paz incluya garantías verificables para la protección de civiles y de la prensa. La ausencia de estas garantías convierte a la tregua en una declaración sin efectos prácticos, incapaz de frenar la espiral de violencia ni de responder al principio de proporcionalidad que debe regir cualquier acción militar en el marco del derecho internacional humanitario.