Armas ilegales en Perú: 340.000 razones para una reforma del Estado
Más de 340.000 armas de fuego sin registro circulan activamente en Perú. Esta cifra, lejos de ser un dato aislado, constituye el factor estructural que explica la crisis de seguridad que enfrenta el país. De los 1.267 asesinatos registrados en el primer semestre de 2026, 997 se ejecutaron con disparos. La correlación entre la proliferación del armamento ilegal y la violencia letal es inequívoca, y exige una respuesta que trascienda el discurso punitivo para abordar la raíz del problema: la debilidad institucional y la falta de control estatal.
El coronel PNP (r) Jorge Mejía Asanza, exjefe de la División Antisecuestros, lo plantea con claridad:
“Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal”.
El mercado negro: un negocio que desafía al Estado
El mercado negro de armas no es un fenómeno nuevo, pero su sofisticación y alcance sí lo son. Mejía advierte que “hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales”, y señala puntos de operación en Lima, como Las Malvinas y Tacora, donde las mafias operan con una estructura compartimentada que dificulta la acción de las autoridades.
Este entramado no solo abastece a las organizaciones criminales locales, sino que se nutre de la vulnerabilidad de las fronteras y de la inyección de armamento industrial internacional. Los fusiles AR-15, por ejemplo, han visto un incremento exponencial en su importación “para uso deportivo”, pasando de unas decenas a casi 2.000 unidades desde 2021. Muchas de estas armas terminan en la minería ilegal o son contrabandeadas hacia Ecuador.
La dimensión humana: más de 13.000 vidas perdidas
La guerra criminal ha costado al Perú más de 13.875 vidas desde 2017. Las cifras por gestión gubernamental revelan una tendencia alarmante: el porcentaje de homicidios por arma de fuego ha pasado del 45,1% en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al 71,3% en la administración de José María Balcazar. Detrás de cada número hay una historia, como la del mayor PNP Felipe Andrade Arroyo, asesinado de un balazo en la cabeza en 2017 mientras perseguía a un delincuente en Barrios Altos.
El caso de Andrade, conocido como “El Cazador” por su trayectoria en la División de Homicidios, ilustra el costo humano de la inacción estatal. Su asesino, Paulo Sinchi Galarreta, alias “El Mudo”, era miembro de la banda ‘Los Malditos de Barrios Altos’, un grupo que operaba con armas obtenidas en el mercado ilegal.
¿Por qué no se frena la proliferación de armas?
La pregunta es inevitable: si la violencia está directamente asociada al uso de armas de fuego, ¿por qué no se detiene su proliferación? La respuesta se encuentra en la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización.
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) registra unas 390.157 armas de fuego civiles, pero solo 182.047 cuentan con licencia vigente. Más de 200.000 licencias han sido canceladas por decesos, falta de renovación o procesos judiciales, y miles de armas permanecen en un limbo legal.
Entre enero y julio de 2026, la Sucamec recuperó 5.290 armas irregulares y canceló 21.801 licencias entre 2025 y enero de 2026. Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Las armas más utilizadas por las organizaciones criminales incluyen pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, así como fusiles y armas “hechizas” o “tramperas”.
Una respuesta liberal: reforma institucional y control efectivo
Desde una perspectiva liberal, la solución no radica en restringir las libertades individuales de los ciudadanos responsables, sino en fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La crisis de seguridad es, en esencia, una crisis de gobernanza.
Se requiere una reforma profunda de la Sucamec y de las divisiones de control de armamento en las fuerzas armadas y policiales. La fiscalización debe ser proactiva, con identificación temprana de adquisiciones anómalas y una mayor coordinación con los organismos de inteligencia. Asimismo, es indispensable combatir la corrupción interna que permite el desvío de armamento hacia el crimen organizado.
El libre mercado y la propiedad privada son pilares de una sociedad libre, pero su legitimidad depende de un Estado que garantice la seguridad y el estado de derecho. La proliferación de armas ilegales no es un argumento en contra de la tenencia responsable de armas, sino un llamado a la acción para que el Estado cumpla su función básica: proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de armas en Perú
¿Cuántas armas ilegales circulan en Perú?
Se estima que más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial circulan activamente en el mercado negro o se encuentran en situación de ilegalidad.
¿Cuál es el impacto del tráfico de armas en la violencia?
El tráfico de armas es el factor estructural más determinante de la crisis de seguridad. En el primer semestre de 2026, el 78,6% de los homicidios (997 de 1.267) se ejecutaron con disparos.
¿Qué medidas se están tomando para controlar las armas?
La Sucamec ha recuperado 5.290 armas irregulares y cancelado 21.801 licencias entre 2025 y enero de 2026, pero los esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
¿Qué tipo de armas utilizan las organizaciones criminales?
Las más usadas son pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, fusiles AR-15, carabinas, así como armas “hechizas” y “tramperas”.