Damián Valenzuela y el pulso legal: ¿periodismo riguroso o difamación?
El empresario argentino Damián Valenzuela, señalado como amigo cercano de la presidenta Keiko Fujimori, ha enviado una carta notarial al periodista César Hildebrandt y a Eloy Marchán. En ella niega tener condenas penales por estafa y exige la rectificación de un reportaje que lo vinculó a fallos judiciales en Estados Unidos y Uruguay. El documento, difundido este lunes, responde a la investigación publicada en el semanario Hildebrandt en sus Trece, que reveló encuentros del empresario con la mandataria en el spa Tomyko.
“Requiero cese inmediato de difusión de información falsa y agraviante, y formulo reserva expresa de acciones legales (penales, civiles y por daños y perjuicios) (...) Alejandro Valenzuela Mayer nunca fue sentenciado penalmente por ningún delito en ninguna parte del mundo”, se lee en el documento publicado por su abogado en X.
El reclamo llega apenas un día después de que Fujimori reconociera públicamente, en una transmisión de TikTok, que acudió al spa junto a Valenzuela el pasado 11 de julio. Esto ocurre en medio de versiones sobre el rol que el empresario habría tenido en la campaña de Fuerza Popular y en los actos protocolares del 28 de julio.
¿Qué argumentos presenta Valenzuela en su defensa?
“No tengo condenas penales por estafa, fraude ni delito patrimonial equivalente. No he sido condenado penalmente por estafa en Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay, Perú ni en ninguna otra jurisdicción. Ninguno de los procedimientos judiciales citados en el semanario corresponde a un proceso de naturaleza penal”, señala en la carta.
“Proceso civil es distinto a proceso penal, sentencia civil no es condena penal, alegación de fraude no es fraude probado, mediación no es confesión, incumplimiento contractual no es estafa, demandante civil no es víctima de un delito”, agrega.
¿Qué exige la carta notarial?
El documento de Valenzuela pide algo más que una rectificación editorial. También exige que el texto de descargo se publique “en idénticos canales donde se produjeron o reprodujeron las imputaciones falsas y difamatorias”, incluida la cuenta personal de Marchán. Señala que lo requiere “para que dentro del plazo de seis horas de recibida la presente comuniquen su decisión de retirar las imputaciones falsas y proceder a la rectificación”.
Asimismo, menciona que de no hacerlo, iniciará acciones civiles y penales “en forma solidaria” contra la empresa editora Plutón Editores S.A.C., contra Hildebrandt como director y contra Marchán como periodista. “Me reservo expresamente el derecho de formular contra ustedes querella por difamación agravada así como ejercer las correspondientes acciones civiles y constitucionales por daños y perjuicios”, sostiene.
El empresario incluye, además, una declaración jurada en la que se compromete, “de manera irrevocable”, a que cualquier indemnización que le otorgue la justicia peruana sea “donada de manera íntegra e inmediata a entidades de beneficencia e instituciones de ayuda social en el Perú”.
¿Cuál es la respuesta del semanario?
Consultado por La República, Marchán señaló que “oficialmente no hemos recibido la carta” y que solo tuvieron acceso a ella “por la publicación del abogado de Damián Valenzuela”. El periodista adelantó que la respuesta del semanario “se dará en la próxima edición de H13” y defendió la noticia publicada. “En H13 hacemos periodismo riguroso y no publicamos nada sin contrastar ni verificar. La investigación sobre Valenzuela y Keiko Fujimori nos tomó dos meses”.
¿Qué decía el reportaje de H13?
La investigación de H13 lo describió como “empresario sentenciado por estafas millonarias” y detalló que mantiene una relación cercana con Fujimori desde hace un año, con al menos cuatro visitas conjuntas al spa Tomyko y presencia en la juramentación presidencial y en la del gabinete ministerial. El semanario sostuvo que Valenzuela acumula fallos judiciales adversos en Florida vinculados a incumplimientos con inversionistas, además de situaciones similares en Argentina y Uruguay.
Cabe señalar que antes de que el propio empresario hiciera pública su versión por la vía notarial, ya la había adelantado un miembro del gabinete. El ministro Dyer reveló el fin de semana que contaba con una carta de Valenzuela en la cual negaba las sentencias judiciales. El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, por su parte, admitió haber conocido a Valenzuela durante la campaña pero evitó pronunciarse sobre sus antecedentes judiciales.
¿Qué implica este caso para el periodismo y el Estado de derecho?
Este enfrentamiento plantea un dilema clásico en una democracia liberal: el derecho a la información veraz frente al derecho al honor y la presunción de inocencia. La distinción entre procesos civiles y penales que hace Valenzuela es técnicamente correcta, pero no exime a los medios de verificar sus afirmaciones. La transparencia en el ejercicio del poder y la rendición de cuentas son pilares de una gobernanza eficaz. Si las acusaciones del semanario son precisas, estamos ante un caso de opacidad en el círculo presidencial. Si no lo son, el periodismo debe asumir su responsabilidad. La justicia peruana tendrá la última palabra, y su independencia será la prueba de fuego para el Estado de derecho.