El VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Lima el 29 de septiembre, dejó una conclusión incómoda para la gestión pública peruana: el sector privado ya tiene prácticas que funcionan contra la inseguridad, pero el Estado todavía no logra coordinarse internamente para escalarlas. Según RPP noticias, esa coincidencia marcó el evento, celebrado bajo el lema «Alianzas que construyen una sociedad segura».
La convocatoria exigió algo poco habitual en este tipo de encuentros: propuestas claras, medibles y viables, en lugar de diagnósticos repetidos. El resultado fue un inventario de experiencias concretas que distintos actores ejecutan hoy y que, en principio, no requieren ninguna ley nueva para replicarse.
Prácticas que ya funcionan y no dependen del Congreso
La evidencia presentada en el foro es reveladora por su especificidad. Las unidades de flagrancia del Poder Judicial resuelven la mayoría de los casos que ingresan, y lo logran por una razón simple: concentran en un solo lugar a quienes investigan y a quienes deciden. El sector bancario, por su parte, redujo los ataques a sus agencias de varios cientos al año a casi cero, coordinando información y protocolos entre entidades que compiten entre sí. En obras por impuestos, un mecanismo acelerado recortó el trámite de seis meses a uno.
Estos casos comparten un patrón: ninguna de esas mejoras exigió reforma legal alguna. Dependen de decisión, de datos compartidos y de continuidad. Esa condición las vuelve replicables y escalables, siempre que alguien se encargue de conectarlas.
La seguridad como condición del desarrollo, no solo como control
El foro recordó algo que suele perderse en el debate público. La seguridad no es únicamente control del delito: es la condición para que un mercado abra de noche, para que una empresa decida invertir en un distrito y para que una familia planifique su futuro. Sin ella, el desarrollo local se frena, por buenas que sean las obras y los programas sociales.
En el nivel comunitario, las iniciativas presentadas apuntan a intervenir antes de que el delito ocurra. Hay organizaciones que ofrecen a las mujeres de un distrito oportunidades de trabajo y a los jóvenes espacios de expresión. Sostienen su labor con un argumento que conviene tener presente al decidir presupuestos: cada dólar invertido en prevención ahorra varios en control.
El problema de fondo: un crimen organizado que sí se organiza
En todos los paneles hubo un punto de coincidencia, reportado por RPP noticias: para que las alianzas funcionen, el Estado tiene que ser parte de ellas y, antes, tiene que coordinarse consigo mismo. Los participantes plantearon con crudeza que el crimen organizado está muy bien organizado y el Estado, todavía no.
El problema no es la falta de instrumentos, sino la decisión de usarlos de manera articulada. Esa distinción importa para cualquier agenda de reforma del Estado. El Perú no necesita necesariamente más normativa; necesita que la existente se aplique con responsables identificables y resultados verificables. Sumar más foros, más mesas o más equipos sin un responsable que responda por los resultados se queda en lo performativo y deja intacto el problema de fondo, que es la falta de articulación.
Este diagnóstico encaja con una tensión más amplia de la gobernanza peruana, visible también en episodios como