Patrimonio negativo del Estado: radiografía técnica y desafío reformista
La publicación de la Cuenta General de la República 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirma un dato sin precedentes: el Estado peruano reportó un patrimonio neto negativo de S/ 2,236 millones. Esta cifra contrasta con el superávit de S/ 48,540 millones registrado en 2024 y representa una disminución patrimonial de 104.6%. Lejos de señalar una quiebra, este resultado expone el sinceramiento de obligaciones históricas tras la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), y subraya la urgencia de reformar la gestión fiscal para proteger la inversión pública.
¿Por qué el Estado peruano registra un patrimonio neto negativo?
El viraje contable de S/ 50,776 millones hacia números rojos obedece a una razón técnica, no a un colapso financiero inmediato. Jesús Capcha Carbajal, socio principal de Contacom, aclara que el país abandona el esquema simplista de flujo de caja para adoptar una contabilidad de devengo. Este nuevo marco reconoce obligaciones reales que permanecían ocultas en los estados financieros.
El país está dejando atrás una visión basada únicamente en el flujo de caja para adoptar una contabilidad de devengo que permite reconocer obligaciones reales que durante años permanecieron fuera de los estados financieros. Estamos sincerando una deuda histórica.
El deterioro patrimonial proviene, en su mayor parte, del reconocimiento de S/ 82,843 millones en obligaciones previsionales y laborales aprobadas por el Congreso. Estas cargas, ignoradas bajo el sistema anterior, impulsaron el crecimiento de los pasivos estatales y generaron un déficit contable integral de S/ 41,798 millones en 2025.
La rigidez del gasto público y el riesgo para la inversión
El sinceramiento contable revela un problema estructural más profundo: la creciente rigidez del gasto público. Capcha advierte que la aprobación de 248 leyes con impacto fiscal adverso compromete la trayectoria de consolidación fiscal. La meta oficial de alcanzar un déficit de 1.0% para 2028 se vuelve cada vez más esquiva.
Estas decisiones comprometen la trayectoria de consolidación fiscal prevista por el país, cuya meta es alcanzar un déficit de 1.0% para el año 2028. Además, reducen el espacio fiscal disponible para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo.
Un presupuesto asfixiado por mandatos legales inflexibles deja sin margen al Estado para financiar obras de infraestructura vitales. La parálisis amenaza proyectos como la Nueva Carretera Central, cuya ejecución es clave para aprovechar el potencial del megapuerto de Chancay y el nuevo aeropuerto.
Reformas institucionales para una gestión moderna del Estado
Frente a este diagnóstico, mantener el statu quo es incompatible con la eficiencia y la gobernabilidad. Capcha plantea reformas inmediatas en su libro Transformando la Gestión del Estado. La principal es la separación de funciones dentro del MEF. Se requiere un Ministerio de Hacienda especializado en presupuesto, contabilidad, deuda y tesorería, para liberar al MEF de concentraciones que entorpecen la gestión.
Además, el Congreso tiene una deuda pendiente con la transparencia: debe aprobar la cuenta general rezagada desde 2013, según lo exige la Constitución. La rendición de cuentas no puede ser opcional en un Estado de derecho.
Protección de activos y gestión ante el cambio climático
El Estado cuenta con S/ 686,446 millones en activos de infraestructura. Proteger su valor exige implementar reportes de sostenibilidad que cuantifiquen la vulnerabilidad financiera ante choques climáticos. No basta con construir; se deben buscar nuevos modelos de financiamiento para evitar la paralización de obras trascendentales.
¿Es el patrimonio negativo un fracaso del Estado?
No. Revelar un patrimonio negativo constituye una oportunidad técnica para ordenar las finanzas públicas. El Estado ahora cuenta con las herramientas para estructurar una estrategia integral de gestión de activos y pasivos.
Hoy el Estado cuenta con las herramientas para estructurar una verdadera estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros. Dependerá de los nuevos gobernantes aprovechar esta radiografía técnica para garantizar la sostenibilidad del país en el periodo 2026-2029.
¿Qué son las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)?
Las NICSP son un conjunto de normas que establecen los requisitos para la presentación de información financiera del sector público. A diferencia de la contabilidad de caja, el sistema de devengo registra los hechos económicos cuando ocurren, independientemente de cuándo se produce el pago o cobro, ofreciendo una fotografía real del patrimonio estatal.
¿Cuál es el impacto de las obligaciones previsionales en las finanzas públicas?
Las obligaciones previsionales y laborales, aprobadas legislativamente sin la correspondiente fuente de financiamiento, incrementan los pasivos del Estado. Al reconocer estos compromisos bajo las NICSP, el patrimonio neto disminuye, evidenciando la carga futura que recae sobre las finanzas públicas y limitando el espacio fiscal disponible.