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Ministro de Justicia peruano enfrenta escándalo por presunto soborno

El ministro de Justicia peruano Juan José Santiváñez enfrenta serias acusaciones de soborno a magistrados del Tribunal Constitucional, profundizando la crisis institucional del gobierno de Boluarte.

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Image d'illustration pour: Ministro de Justicia de Perú, Juan Santiváñez, implicado en escándalo de soborno a Jueces | Periódico Zócalo | Noticias de Saltillo, Torreón,  Piedras Negras, Monclova, Acuña

El ministro de Justicia Juan José Santiváñez durante una conferencia de prensa en Lima

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de una controversia que profundiza la crisis institucional que atraviesa el sistema judicial peruano. Audios filtrados lo implican en un presunto caso de soborno a magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Detalles de la investigación

Según las grabaciones difundidas por medios locales, Santiváñez habría recibido 20,000 dólares para influir en una decisión del TC a favor de un cliente. Este caso se suma a la creciente inestabilidad política que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte.

Implicaciones para el gobierno

El escándalo adquiere mayor relevancia considerando que Santiváñez es uno de los ministros más influyentes del gabinete actual. La investigación también vincula a la presidenta Boluarte y a su hermano, en un momento donde la credibilidad de las instituciones democráticas está en juego.

Antecedentes controversiales

El ministro es conocido por haber defendido a policías procesados por violaciones a derechos humanos y a un agente condenado por extorsión y sicariato. El caso actual involucra un habeas corpus presentado por la familia de Miguel Salirrosas, donde supuestamente se solicitaron fondos adicionales para influir en el veredicto.

La difusión de estos audios representa un golpe significativo a la credibilidad del gobierno y las instituciones judiciales peruanas en un momento crítico para la democracia del país.

Respuesta del ministro

Santiváñez ha respondido a las acusaciones a través de redes sociales, presentando comprobantes bancarios que, según él, demostrarían que los fondos correspondían a honorarios legales legítimos. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado disipar las dudas sobre su conducta ética y profesional.