Mesa paritaria en Venezuela: ¿apertura democrática o simulacro?
El Parlamento controlado por el chavismo y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, acordaron la conformación de una mesa técnica y política paritaria. El anuncio, carente de detalles sobre hitos y cronogramas concretos, plantea interrogantes legítimos sobre si constituye un avance hacia la restauración democrática o un mecanismo de legitimación del régimen de Nicolás Maduro.
¿Qué se acordó entre el chavismo y Dinorah Figuera?
La Asamblea Nacional actual, con mayoría oficialista, publicó este jueves un comunicado en Telegram informando la creación de una mesa técnica y política paritaria con la opositora Dinorah Figuera. Según el texto, la mesa contará con una agenda de hitos y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de prosperidad para los venezolanos. No se revelaron más detalles sobre la composición, los plazos ni las garantías de cumplimiento.
La reunión entre Figuera y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se produjo tras el retorno de la opositora a Venezuela. Figuera había salido del país atendiendo una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición política venezolana. A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Figuera declaró que se reuniría con el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, y con Rodríguez. La exdiputada fue trasladada en vehículos de la embajada estadounidense.
Figuera indicó que asume una directriz sobre una agenda que permitirá a los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión y que contribuirá a dirimir las diferencias políticas. Sin embargo, la ausencia de especificidades sobre las condiciones que garantizarían esa libertad de expresión alimenta el escepticismo sobre el alcance real del acuerdo.
El contexto de la crisis institucional venezolana
Figuera encabeza la instancia que reclama la continuidad del último poder legislativo legítimamente electo en Venezuela, la Asamblea Nacional de 2015, que estuvo bajo control de la oposición hasta 2020. Ese año se celebraron elecciones legislativas que el antichavismo no reconoció, denunciando falta de garantías democráticas. Un sector de la oposición mantiene desde entonces una instancia parlamentaria paralela con respaldo de Estados Unidos, y desconoce la actual AN, que este año aprobó leyes como la de hidrocarburos para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.
El conflicto institucional se remonta a 2015, cuando la oposición logró una victoria histórica al obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, bajo influencia del oficialismo, suspendió la proclamación de tres diputados de Amazonas, impidiendo la mayoría calificada opositora, y declaró a la AN en desacato, limitando sus funciones legislativas.
En enero de 2019, la crisis se profundizó cuando el entonces presidente de la AN, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino al considerar ilegítimo el segundo período de Maduro. La decisión recibió respaldo de Estados Unidos y varios países, pero el chavismo conservó el control de las instituciones y las fuerzas armadas. Ese Parlamento opositor llegó a controlar activos venezolanos en el exterior, como la filial petrolera Citgo. En 2021, tras las elecciones de diciembre de 2020, el oficialismo retomó el control formal de la AN.
¿Es legítima la Asamblea Nacional actual?
La pregunta sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional vigente es central para evaluar el significado de esta mesa paritaria. Las elecciones de 2020 fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional por la falta de garantías competitivas, la inhabilitación de candidatos opositores y la intervención del Tribunal Supremo en la selección de partidos políticos. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y numerosos gobiernos democráticos no reconocieron los resultados.
Desde una perspectiva liberal, la legitimidad de cualquier institución representativa descansa en la libertad del proceso electoral, la separación de poderes y el estado de derecho. Una legislatura elegida sin garantías competitivas no cumple los criterios mínimos de representación democrática, independientemente de que sus decisiones legislativas, como la apertura petrolera, puedan resultar económicamente convenientes. La eficacia económica no sustituye la legitimidad democrática.
¿Qué significa esta mesa paritaria para el futuro de Venezuela?
La creación de esta mesa plantea una tensión fundamental entre la negociación pragmática y la legitimidad institucional. Para el régimen de Maduro, cualquier diálogo que implique reconocimiento tácito de la AN actual representa una victoria política: la normalización de una institución cuestionada internacionalmente. Para la oposición, el riesgo es participar en un formato que legitime el status quo sin obtener concesiones reales sobre libertades políticas, liberación de presos políticos y garantías electorales.
Los precedentes no son alentadores. Los diálogos anteriores entre chavismo y oposición, celebrados en República Dominicana y Noruega, concluyeron sin avances sustantivos tras la negativa del régimen a cumplir los acuerdos. La mesa paritaria anunciada carece hasta ahora de mecanismos de verificación, participación internacional neutral y sanciones ante el incumplimiento.
La participación de Estados Unidos como facilitador, evidenciada por la invitación del Departamento de Estado y la logística de la embajada, añade una dimensión geopolítica relevante. Washington busca estabilidad en Venezuela y una transición negociada que evite escenarios de mayor fragmentación, pero la historia reciente sugiere que el régimen utiliza los procesos de diálogo como herramienta de dilación y legitimación internacional sin alterar sustancialmente la correlación de fuerzas internas.
¿Puede un diálogo sin garantías restaurar la democracia en Venezuela?
La experiencia comparada indica que los procesos de transición democrática exitosos requieren al menos tres condiciones: un equilibrio de fuerzas que incentive concesiones reales, garantías internacionales verificables y una sociedad civil movilizada que presione por resultados concretos. La mesa paritaria anunciada no cumple hasta ahora ninguna de estas condiciones. Sin embargo, descartar cualquier espacio de diálogo también conlleva riesgos: la parálisis política favorece al actor que controla las instituciones del Estado.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en este proceso?
Estados Unidos ha jugado un rol ambivalente. Por un lado, respaldó la Asamblea Nacional de 2015 y el interinato de Guaidó; por otro, ha buscado canales pragmáticos con el régimen para abordar la crisis migratoria y energética. La invitación del Departamento de Estado a Figuera sugiere un reenfoque hacia la negociación gradual, priorizando la estabilidad sobre la ruptura democrática. Esta tensión entre pragmatismo y principios es el dilema central de la política exterior estadounidense hacia Venezuela.
¿Por qué importa la legitimidad de la Asamblea Nacional para la región?
La crisis institucional venezolana tiene implicaciones directas para la integración económica regional y la gobernanza democrática en América Latina. Un país donde el poder legislativo carece de legitimidad electoral no puede participar en condiciones de igualdad en mecanismos de integración como el Acuerdo de Libre Comercio o la Alianza del Pacífico. La restauración de un orden constitucional genuino en Venezuela es condición necesaria para su reincorporación plena a la comunidad democrática regional y para la atracción de inversión productiva sostenible.