Cuestionable adquisición de vehículos de lujo por la Policía Nacional revela deficiencias en gestión de recursos públicos
La Policía Nacional del Perú genera polémica por la adquisición de vehículos de lujo valorados en 4.86 millones de dólares, mientras enfrenta serias carencias operativas. La decisión administrativa revela problemas estructurales en la gestión de recursos públicos y el establecimiento de prioridades institucionales.
Vehículos de lujo adquiridos por la Policía Nacional del Perú en contraste con patrulleros obsoletos
Polémica inversión millonaria en medio de crisis de seguridad
La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en el centro de una controversia por la adquisición de 168 vehículos valorados en aproximadamente 4.86 millones de dólares, incluyendo ocho unidades de alta gama que han generado particular escrutinio público.
Cuestionamientos a la gestión de recursos
El aspecto más controvertido de esta decisión administrativa radica en la inclusión de vehículos de lujo, con un valor individual superior a los 50,000 dólares, en un contexto donde las necesidades operativas básicas de la institución permanecen desatendidas.
"Durante mi larga carrera nunca hubo una compra de autos de lujo para los oficiales de más alto grado", señaló el ex jefe de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, cuestionando la pertinencia de esta inversión.
Deficiencias operativas críticas
La controversia se intensifica al considerar las carencias actuales de la institución policial:
- Falta de chalecos antibalas
- Armamento inadecuado
- Escasez de municiones
- Patrulleros obsoletos sin renovación desde 2016
Responsabilidad administrativa y consecuencias
La decisión ha sido atribuida al comandante general Víctor Zanabria y al ministro del Interior, Carlos Malaver. Resulta particularmente cuestionable considerando que Zanabria ya enfrenta una investigación por presunto uso indebido de recursos policiales en Arequipa.
Implicaciones para la gestión pública
Este caso ilustra las deficiencias en la priorización del gasto público y la necesidad de establecer mecanismos más rigurosos de control en las adquisiciones estatales, especialmente en sectores críticos como la seguridad ciudadana.