Crisis de legitimidad en Perú: Boluarte enfrenta mínimos históricos de aprobación
La presidenta peruana Dina Boluarte enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes, con solo 2.1% de aprobación ciudadana. Su próximo informe de gestión se presenta en medio de un clima de tensión política y protestas generalizadas, mientras el Congreso mantiene su apoyo crucial.
La presidenta Dina Boluarte durante una sesión en el Congreso peruano
La presidenta peruana afronta un momento crítico ante su informe de gestión
En un contexto de profunda crisis institucional, la presidenta Dina Boluarte se prepara para presentar su informe de gestión ante el Congreso, mientras las encuestas revelan un preocupante nivel de desaprobación que alcanza el 97.9% de la población.
Indicadores de desaprobación sin precedentes
Según la última encuesta de CPI, los números son contundentes:
- Solo 2.1% de aprobación ciudadana
- 70% de los peruanos considera que debe dejar la presidencia
- 93.6% la califica como incapaz o muy incapaz para el cargo
Crisis de legitimidad y manifestaciones públicas
La desconexión entre el gobierno y la ciudadanía se hace evidente en múltiples frentes. Las manifestaciones de rechazo se han extendido incluso a espacios tradicionalmente neutrales:
Un estudiante en Piura declaró públicamente que 'el Perú merece un mejor gobierno', reflejando el sentimiento generalizado de la población.
Análisis del contexto político
La permanencia de Boluarte en el poder se sustenta principalmente en el apoyo del Parlamento de mayoría derechista, que ha bloqueado sistemáticamente las investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos y casos de corrupción.
Esta situación plantea serias preguntas sobre la calidad democrática y la gobernabilidad en Perú, especialmente considerando que:
- El Congreso ha rechazado todas las mociones de vacancia
- La presidenta mantiene una agenda limitada con eventos sin público
- Existe una creciente brecha entre las instituciones y las demandas ciudadanas
Perspectivas y desafíos institucionales
La crisis actual evidencia la necesidad urgente de reformas institucionales y un nuevo pacto social que permita recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho en Perú.