El informe anual de Global Witness, titulado Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda para la región: América Latina sigue siendo el epicentro mundial de la violencia contra quienes defienden la tierra y el ambiente. En 2025, al menos 124 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo, y 105 de esos crímenes, casi el 85 %, ocurrieron en esta región.
Estas cifras no son un problema exclusivamente ambiental. Son un síntoma de una falla estructural más profunda: la ausencia del Estado en vastos territorios, la debilidad de las instituciones y la impunidad que permite que el crimen organizado, la minería ilegal y los intereses extractivos operen con total libertad. Para un liberal comprometido con el Estado de derecho, esta situación debería ser una señal de alarma ineludible.
¿Por qué Colombia y Brasil concentran la mayor parte de los asesinatos?
Colombia encabeza, por cuarto año consecutivo, la lista de países más peligrosos para los defensores, con 39 asesinatos. La mayoría, 35, estuvieron relacionados con conflictos territoriales. El departamento de Cauca, estratégico para las rutas de exportación de cocaína, concentró 13 de esos crímenes. Brasil, por su parte, duplicó sus casos, pasando de 12 a 26 asesinatos, la mayoría vinculados a demandas de reforma agraria y reconocimiento de territorios ancestrales en los estados amazónicos de Rondônia y Pará.
El avance de las fronteras agrícolas y extractivas, la invasión de tierras y la violencia de taladores ilegales, mineros y ganaderos son el telón de fondo de esta tragedia. Como señala Juliana Vélez Echeverri, senior de campaña de Global Witness, el crimen organizado actúa con facilidad donde el Estado ha fallado. Esta es una lección clásica: donde no hay instituciones fuertes, no hay libertad ni seguridad, y el vacío lo llenan los actores más violentos.
La criminalización: la otra cara de la violencia
El informe advierte que los asesinatos son solo la punta del iceberg. La criminalización, las amenazas, la vigilancia y las campañas de difamación, amplificadas por las redes sociales, son parte de un entramado de violencia que afecta de manera persistente a los defensores. En México, por ejemplo, aunque los asesinatos bajaron de 19 a 10, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 107 casos de criminalización. Las narrativas que presentan a los defensores como obstruccionistas del desarrollo legitiman su persecución.
Este fenómeno es particularmente grave porque socava el principio básico de que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin temor a represalias. La criminalización no es solo un problema de justicia, es un problema de libertad. Cuando el Estado permite que se persiga a quienes denuncian ilegalidades, está enviando un mensaje perverso: la ley protege a los poderosos y castiga a los que la invocan.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en esta crisis?
La situación se agrava por la caída del 23 % en la ayuda mundial para el desarrollo en 2025, la mayor reducción anual registrada por la OCDE. Estos recortes han debilitado a las organizaciones que documentan las agresiones y acompañan a las comunidades. Sin datos verificados, es imposible diseñar políticas públicas efectivas. La falta de información no es neutral: favorece a los perpetradores.
Desde una perspectiva liberal, la cooperación internacional no debe ser un mecanismo clientelar, sino una herramienta para fortalecer instituciones, proteger derechos y promover el desarrollo sostenible. Recortar estos fondos sin una estrategia clara es un error que tiene consecuencias humanas directas.
La respuesta comunitaria: ¿un modelo de autogobierno?
Frente a la inacción estatal, los pueblos indígenas han desarrollado mecanismos de protección colectiva. El caso del pueblo kakataibo, en la Amazonía peruana, es ejemplar. Ante las amenazas del narcotráfico y la tala ilegal, crearon la Guardia Indígena Kakataibo en mayo de 2022. Hoy reúne a más de 150 integrantes en diez comunidades, que patrullan su territorio sin armas de fuego, con flechas y lanzas tradicionales.
Segundo Ispón, comandante de la guardia, lo resume con claridad:
“No sentimos protección de parte del Estado, sino entre nosotros. Nosotros corremos riesgo, pero estamos preparados para dar nuestras vidas por nuestro territorio, por el bosque”.
Esta autoorganización es un ejemplo de capital social y de responsabilidad comunitaria, valores que el liberalismo debería celebrar. Sin embargo, no puede sustituir la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el Estado de derecho. Como advierte Vélez, estos sistemas comunitarios no reemplazan las responsabilidades estatales. El informe recomienda que los gobiernos reconozcan, financien e integren estas iniciativas en sus políticas, siempre con un enfoque civil y basado en derechos.
¿Qué reformas institucionales se necesitan?
El informe de Global Witness es claro: es urgente atender las causas estructurales de la violencia. Esto implica garantizar los derechos colectivos sobre la tierra, combatir la impunidad, proteger el espacio cívico y ratificar el Acuerdo de Escazú. Para el caso peruano, el Instituto de Defensa Legal (IDL) propone mecanismos interculturales de colaboración entre las guardias indígenas y las autoridades, así como apoyo logístico y técnico.
Estas propuestas no son radicales. Son medidas de sentido común para fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la ley se aplique por igual. La violencia contra los defensores no es un problema de izquierda o de derecha; es un problema de gobernanza. Un Estado que no protege a sus ciudadanos más vulnerables, que no castiga a los que cometen crímenes y que criminaliza a quienes piden justicia, es un Estado fallido en lo esencial.
La conclusión es inevitable: sin instituciones fuertes, sin independencia judicial y sin respeto por los derechos de propiedad y los derechos humanos, no habrá desarrollo sostenible ni libertad real en América Latina. La defensa del territorio y del ambiente no es un obstáculo para el progreso; es una condición para que el progreso sea legítimo y duradero.
El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.